La vida del preso político Yismel Alfonso Oliva transcurre, desde hace casi un año y medio, entre reos comunes que esperan sentencias firmes de hasta 30 años de prisión en el Combinado del Este de La Habana.
“Está junto con presos de 10, 15 y 20 años, pero que, igual que él, están pendientes de la apelación. Entonces los tienen a todos juntos hasta que bajen los papeles y pase a otro edificio. Ahí entre ellos hay quien está por drogas, quien está por muerto o por violación”, dijo a Radio Televisión Martí, el padre Ordonel Alfonso Barrios.
“No es para que estén así, porque el hijo mío es primario y no sé qué pueda pasar porque en las prisiones te complicas de nada”, lamentó.
Según las Reglas Mandela de Naciones Unidas: “Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles”.
Alfonso Oliva, de 23 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras participar en las protestas ocurridas ese día en Güira de Melena, provincia de Artemisa.
El Tribunal Militar Territorial Occidental dictó sentencia contra 33 güirenses, entre ellos Alfonso Oliva.
El documento legal, al que nuestra redacción tuvo acceso, afirma que los imputados intentaban “desestabilizar la Seguridad Interior del Estado a través de los actos vandálicos que se ejecutaron contra las dos tiendas en MLC, cuyos productos (...) resultan adquiridos en el mercado internacional".
Esto fue fundamental para juzgar a los acusados en un tribunal militar, a pesar de ser todos civiles.
En su sentencia, el tribunal recalcó la inexistente participación en organizaciones de masas de Alfonso Oliva además de una “regular conducta social”.
La Fiscalía Militar solicitó 15 años de privación de libertad para el joven “acusado mediante investigación prospectiva, fabricación de pruebas y con una acusación desproporcionada y motivada por causas políticas”, según juristas de la organización Cuban Prisoners Defenders.
En el proceso de apelación, su sentencia quedó en seis años de privación de libertad por desórdenes públicos, sabotaje y atentado.
“Cuando les hicieron el juicio de la apelación, ellos no tuvieron presencia en el juicio, no los llevaron para que se presentaran. Dijeron que no había petróleo para el vehículo que los transporta, pero mi hijo dice que ahí las jaulas siempre están caminando en la calle”, dijo Ordonel Alfonso Barrios.
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