El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple siete años de privación de libertad en la prisión habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
En una carta enviada a su madre, Anayl Hernández Collado, Torre Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren “una enfermedad no provocada por ellos mismos, y que son incapaces de defenderse física y verbal [sic]”.
“Mamá habla con los derechos humanos de las injusticias que están sucediendo aquí. Papá te va ayudar, hazlo por mí, pues fue Dios quien hizo que yo viera el dolor. Tú puedes quejarte”, escribe Torre Hernández, un paciente de esquizofrenia paranoide de 27 años.
“Háblales de esto que está sucediendo. No deseo ponerte en una situación difícil, solo haz lo que tu corazón te diga, pues sé que si fuera a mí ya recorrerías el mundo con tal de ayudarme y de hacer justicia. Haz voz, tócale corazón a las personas con tu palabra. No es para hacer mal, sino porque yo también estoy preso y soy un hombre enfermo”.
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes define que estos ocurren cuando a través de ellos se inflige, intencionadamente, a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla, intimidarla u obtener información de ella, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, siempre que ese acto sea cometido por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales.
En febrero de este año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) llamó la atención sobre el caso de este preso político que “está sufriendo un agravamiento de su salud mental, debido a que no recibe el tratamiento que requiere y a los frecuentes castigos que le infligen sus carceleros”.
La organización situó en la palestra pública el número importante de enfermos mentales que extinguen sentencias en las cárceles cubanas por delitos de opinión:
“Problemas y diagnósticos que los tribunales no tuvieron en cuenta a la hora de condenarles y que el sistema penitenciario lo que ha hecho es empeorar debido a que no están recibiendo el tratamiento adecuado, las medicinas que le tocan y además tienen que soportar golpizas, amenazas y el hostigamiento, tanto a ellos como a sus familiares afuera”.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde. Mientras esperaba el juicio, participó como rescatista en el incendio del Hotel Saratoga, en La Habana Vieja.
En las Conclusiones provisionales de la Fiscalía del proceso penal seguido contra 15 manifestantes, el informe pericial asevera que Torres Hernández “presenta Esquizofrenia Paranoide en remisión de síntomas (No enajenado) y funciona con facultad para comprender el alcance de sus actos”.
“Sé mi voz por los presos encarcelados injustamente con enfermedades mentales que no son capaces de valorarse por sí mismos, por favor, porque la sociedad actual nos considera un estorbo y no les importa”, pide el manifestante a su madre.
“Las familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema”, asegura.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021, o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023.
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