El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una coalición que agrupa a organizaciones de la sociedad civil independiente, pidió a la relatora especial de Naciones Unidas sobre las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, que durante su visita oficial a la isla se reúna también con representantes no vinculados al gobierno cubano.
El CTDC calificó la visita como “importante”, pero subrayó que la evaluación de los derechos humanos en Cuba debe ser integral y no limitarse al impacto del embargo estadounidense.
En declaraciones a Radio Martí, el activista y vicepresidente del CTDC, Manuel Cuesta Morúa, advirtió que las violaciones de derechos en Cuba “no dependen de sanciones externas, sino de la falta de voluntad política del Estado”.
“A pesar de las circunstancias, nos parece importante la visita de una relatora de Naciones Unidas que toca el tema de los derechos humanos. Sin embargo, creemos con claridad y profundamente que la cuestión de los derechos humanos debe ser analizada de una manera integral. El gobierno cubano ha venido violando derechos que nada dependen de la situación económica, sino de su propia decisión de respetarlos o no”, dijo.
El activista insistió en que “no hay relación entre las sanciones y la represión interna”. “La pregunta siempre es: ¿por qué el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de expresión o la libertad de movimiento tienen que ser coartados porque terceros países impiden que tengamos las mejores condiciones económicas? No hay relación ahí”, subrayó.
En un comunicado emitido el 11 de noviembre, el CTDC reiteró su disposición a colaborar con la misión de Naciones Unidas y a entregar un informe con su propia visión sobre la situación de los derechos humanos en el país. “Si se trata del posible efecto de las sanciones sobre las condiciones de vida de la ciudadanía, el mejor testimonio vendría de la sociedad civil independiente, no de las autoridades”, señaló el texto.
El Consejo también recordó que Cuba ha sido objeto de observación internacional en materia de derechos humanos desde los años ochenta y denunció que el régimen utiliza el embargo como una “coartada política reciente” para justificar la represión de libertades fundamentales.
Por su parte, Naciones Unidas informó que la relatora Alena Douhan permanecerá en Cuba del 11 al 21 de noviembre de 2025, en una visita destinada a analizar el posible impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Durante su estancia, la funcionaria se reunirá con autoridades del gobierno, agencias de la ONU, diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) explicó que el informe final de Douhan será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026, con conclusiones y recomendaciones sobre el caso cubano.
“Lo fundamental es preguntarle a la ciudadanía quién es realmente responsable de la situación económica y social por la que estamos atravesando”, concluyó Cuesta Morúa.
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