Miles de opositores se congregaron este jueves en la autopista Francisco Fajardo, principal arteria vial de Caracas, en respaldo a las acciones que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) emprendió el miércoles para remover a siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, a su juicio, perpetraron un "golpe de Estado" en el país.
La oposición venezolana convocó a movilizaciones en varias partes del país denominadas "Tranca contra el Golpe", en apoyo a la Asamblea Nacional, que inició un procedimiento contra los juristas debido a las sentencias que estos emitieron la semana pasada, en las que despojaban al Poder Legislativo de sus funciones y limitaban la inmunidad de sus diputados.
Según constató EFE, los opositores, tras movilizarse desde distintos puntos de la ciudad, se congregaron en la autopista, que conecta el este y el oeste de la capital, mientras grupos de manifestantes bloquearon el paso de vehículos con pupitres y piedras.
Algunos grupos de jóvenes encapuchados expulsaron del lugar de la manifestación a los medios de comunicación oficialistas, alegando que
estos son los responsables de "entregar" a los estudiantes a los policías.
La Asamblea considera que la decisión del Supremo es un "golpe de
Estado" y, aunque el máximo tribunal haya dado un paso atrás al suprimir algunos apartados de las sentencias, el Legislativo afirma que no se puede "corregir" el "golpe" colocando parches a un documento.
En las afueras de Caracas, EFE constató que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerró algunas vías, limitando el acceso hacia la ciudad, donde también el chavismo se manifiesta, en su caso en contra de la acción de remover a los magistrados por parte de la Cámara, que considera inconstitucional.
Los oficialistas que se movilizaban desde la Plaza Morelos hacia la Asamblea legislativa, que no sesiona este jueves, protestan contra el "golpe parlamentario" que -alegan- quiere dar la Asamblea en su cruzada contra el TSJ.
Maduro acusa a la dirigencia opositora de querer "llenar las calles de sangre" para propiciar su derrocamiento, con ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA), que esa semana declaró una "grave" alteración del orden democrático en Venezuela.
"Vamos a enfrentar al imperialismo, a los grupos económicos que quieren tumbar al gobierno revolucionario", dijo a la AFP Vismar Cifuentes, empleado público, durante la marcha que incluyó cánticos y palabras de un imitador del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Desde tempranas horas de este jueves las fuerzas de seguridad
venezolanas se apostaron en distintos puntos con conos y barreras de
protección vial, obstaculizando el tránsito regular, según denuncias
de varios diputados opositores a través de las redes sociales.
"Vuelven a cerrar los accesos de Caracas porque le tienen culillo
(miedo) al pueblo. Estamos decididos a salir de ustedes y no lo podrán evitar", aseguró en Twitter el diputado Juan Requesens, militante del partido opositor Primero Justicia (PJ).
Asimismo, el Metro de Caracas informó del cierre preventivo de 16 de sus estaciones.
"Estoy cansada, no consigo medicinas y sufro de la tensión. Mi sobrina de 32 años murió porque no consiguió la insulina. No aguantamos más", declaró a la AFP, Marlene Lujano, repostera de 57 años, con una pancarta que decía "no+dictadura".
Las movilizaciones opositoras, que congregaron a cientos de miles entre septiembre y octubre de 2016, perdieron fuelle cuando la dirigencia opositora aceptó un diálogo con el gobierno, en el que no consiguió sus principales propósitos: un calendario electoral y liberar a opositores encarcelados. La oposición congeló las conversaciones en diciembre.
El martes, una marcha que pretendía acompañar a los asambleístas al palacio legislativo fue dispersada por la policía y dejó, según la oposición, medio centenar de lesionados, uno de ellos de bala, y una docena de arrestos.
Algunos dirigentes proponían desviar la marcha de este jueves hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, donde el gobierno impide cualquier movilización opositora. En esa zona, que el chavismo considera un bastión, se concentran los poderes públicos.
El miércoles hubo enfrentamientos en las ciudades de San Cristóbal, fronteriza con Colombia, y Valencia, entre uniformados y estudiantes universitarios, dejando una treintena de heridos, según autoridades académicas.
Antes de que el Parlamento pueda actuar, el llamado Poder Moral debe certificar que los jueces cometieron una "falta grave", algo improbable según analistas, pues sus integrantes -La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo- son cercanas al gobierno.
Aun cuando la fiscal general, Luisa Ortega, declaró la semana pasada que los dictámenes suponían una "ruptura del orden constitucional", abriendo una fisura en el oficialismo, se requeriría un voto más para calificar la falta como grave.
"Maduro no puede decir ahora que está seguro de los apoyos que tiene, incluidas las Fuerzas Armadas", declaró a la AFP el politólogo Luis Salamanca. Por ello, "no tiene interés" en elecciones este año, como exige la oposición, añadió.
Los comicios de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero fueron suspendidos y aún no tienen fecha. Los de alcaldes están pautados para este año y los presidenciales para diciembre de 2018.
(Con información de EFE, AFP y redes sociales)
