El presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC anunciaron ayer el acuerdo con el que se pretende poner fin al conflicto armado más longevo de América Latina, que lleva azotando Colombia desde hace 50 años.
Ambas partes superaron un obstáculo significativo mediante una fórmula con la que pretenden reparar a las víctimas y castigar a los rebeldes y militares por los abusos que hayan cometido contra los derechos humanos durante décadas de guerra. Tal y como dijo el líder de las FARC "Timochenko", "somos adversarios, estamos en orillas diferentes pero hoy avanzamos en una misma dirección (...) la más noble que puede tener cualquier sociedad que es la de la paz”.
Entre otras medidas, el acuerdo prevé que los rebeldes que confiesen sus crímenes ante tribunales especiales de paz, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas reciban hasta un máximo de ocho años de restricción de libertad en áreas no definidas, que no serán cárceles y que se permita su tarea de reparación de las víctimas, bien sea a través de programas sociales o de colaboración directa con la población.
Igualmente, los crímenes de guerra cometidos por el ejército colombiano serán juzgados también por esos tribunales y los combatientes que sean descubiertos en mentiras se enfrentarán a penas de hasta 20 años de prisión. Quedan sin embargo por aclarar otros temas como la desmovilización de los guerrilleros, la entrega de armas, las garantías de no repetición y los detalles para la reparación de las víctimas.
Estos son en esencia los puntos más importantes del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC:
Tribunal para juzgar a los autores de delitos graves
La Jurisdicción Especial investigará, juzgará y condenará a los autores de delitos graves. Aquí entran los de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra graves apoyándose en otras salas de justicia.
Su responsabilidad será los casos más graves y representativos del conflicto armado mediante magistrados elegidos por Gobierno y FARC.
Amnistía tras el fin de hostilidades
Será efectiva para los delitos mediante una ley de amnistía para los guerrilleros, que únicamente pueden ser acusados de rebelión y de delitos relacionados al alzamiento en armas aunque aún deben perfilar los matices.
Forma parte del acuerdo que ningún guerrillero implicado en un delito atroz, de lesa humanidad o crimen de guerra grave elegido por el tribunal estará amparado por esta amnistía ya que en las leyes internacionales las amnistías y los indultos para delitos graves están proscritos.
Las FARC harán trabajos para las comunidades
En aquellos casos en los que reconozcan su responsabilidad, tendrán dos vías para rescarcirse: con restricciones de libertad y mediante trabajos, obras y actividades que contribuyan a la reparación de las víctimas, como es el caso de la construcción de infraestructura para las comunidades.
Acciones contra responsables directos e indirectos
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá capacidad para actuar sobre los máximos responsables de crímenes de las FARC, así como los agentes del Estado con delitos “cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”.
Llegado el caso, también podrá actuar contra otros responsables de la guerra en Colombia, literalmente “respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”. Esto incluye a quienes, sin combatir, hayan financiado grupos armados ilegales y paramilitares.
Juzgará sólo a los que se comprometan con la verdad
La Jurisdicción Especial para la Paz establece que ni los guerrilleros de las FARC ni otros responsables de delitos graves, del grupo guerrillero o el Estado, podrán acceder a ella si no se comprometen a contar la verdad de su participación en el conflicto armado. Esto será efectivo tanto para quienes participaron directa e indirectamente en la guerra.
Hasta 20 años de cárcel
Además de esto, el acuerdo plantea diferentes penas según los delitos cometidos, que serán de 5 a 8 años de restricción de libertad para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves y de 5 a 8 años en una cárcel ordinaria para los que reconozcan su responsabilidad tardíamente, pero siempre antes de la sentencia.
Las penas serán más duras -hasta 20 años en una cárcel ordinaria- para los que no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, caso de aquellos que hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y no sean amnistiados o indultados ni juzgados por el Tribunal para la Paz. Además de todo esto, el acuerdo establece que los militares condenados podrían bajar sus penas-
