Madres y esposas de presos políticos en Cuba relatan el día a día de la separación de sus seres queridos y exponen el estado actual de sus familiares en prisión.
MIAMI, EEUU — Ailex Marcano Fabelo llora cada vez que habla sobre su hijo, preso en una cárcel de Camagüey por salir a manifestarse en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. A Liset Fonseca, cuyo hijo está encarcelado en la provincia de Mayabeque por la misma causa, la voz se le nota entrecortada.
“Nuestras vidas se convirtieron en una total agonía”, dijo por teléfono a la Voz de América Marcano Fabelo, en alusión al encarcelamiento de su hijo Jesús Véliz Marcano, de 28 años y condenado a seis años de cárcel tras ser acusado de desórdenes públicos.
Marcano dijo que tras las protestas, renunció a su trabajo como psicóloga, que había ejercido “por casi 30 años” en el Centro Provincial de Medicina del Deporte, organismo en el que cumplió una misión internacionalista en Venezuela.
Su hijo Jesús es profesor de Educación Física y ex atleta de tiro con arco, y desde que fue detenido ha pasado por seis centros carcelarios.
Saily Núñez, de Güines, en la provincia occidental de Mayabeque, pasó casi un año viajando más de 100 kilómetros hasta la provincia de Matanzas, donde ubicaron a su esposo, Maikel Puig Bergolla: “una forma más de castigarnos”, afirma. Puig está condenado a 12 años de cárcel por desórdenes públicos y desacato. Actualmente permanece en una cárcel en su pueblo natal.
A comienzos de febrero, el enviado especial del Papa Francisco, el cardenal Beniamino Stella, afirmó durante su visita a La Habana que está "sobre la mesa" una potencial amnistía de los prisioneros cubanos encarcelados tras las protestas, pero admitió que la respuesta no depende de la Iglesia Católica. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de Cuba no se ha pronunciado.
Un país en crisis
Cuba atraviesa una crisis comparada a la del llamado Período Especial, cuando perdió a su aliado y principal socio comercial con la caída de la Unión Soviética en la década de 1990.
La crisis económica y social de los últimos años se agudizó con la pandemia y las sanciones de EEUU a raíz de las protestas. Con las medidas, Washington ha buscado presionar al gobierno para que respete los derechos humanos y libere a los presos políticos.
El gobierno cubano informó en enero de 2022 que la Fiscalía presentó más de un centenar de expedientes judiciales en los que 790 personas estaban siendo procesadas en relación a las protestas.
El déficit en el transporte, la falta de alimentos y la carestía de la vida son apenas algunos de los retos de los cubanos de a pie, que se agravan para los familiares de los presos, que a menudo deben recorrer largas distancias, incluso de un extremo a otro del país para visitar a los parientes en las cárceles.
La organización Prisoner Defenders, con sede en España, cifra en 1.077 los presos por causas políticas en Cuba hasta enero de 2023. En tanto, Justicia 11J, creada a raíz de las mayores protestas ocurridas en la isla en más de 60 años, sostiene que son 768 las personas que permanecen encarcelados.
Roberto Pérez Fonseca, de 37 años de edad, fue condenado a 10 años de cárcel y los cumple en una prisión en Quivicán, Mayabeque.
“Siempre para una madre es un dolor tener a su hijo preso, sea la circunstancia que sea, pero cuando se sabe que es inocente se siente una impotencia… mucho dolor, es una mezcla de muchos sentimientos porque uno no sabe cómo poderlo defender”, afirma la madre de Roberto, Liset Fonseca.
Con traslados de prisión, confinamientos en celdas en solitario más los propios
agravantes de una condena de 7 años, Liset admite que no tiene esperanzas en cuanto a los recursos legales de que dispone.
“Aquí legalmente no hay nada (...) Ellos saben que no tienen la razón porque [los encarcelados tras el 11J] son inocentes. A mí la Seguridad del Estado cuando me ha citado me lo ha dicho: ‘nosotros sabemos que no hicieron nada’, y a mi pregunta de por qué si ustedes lo saben alguien no dice ‘esto es mentira’, y la respuesta fue que nunca lo van a hacer porque el sistema judicial no va a decir que no sirve”.
Como parte de las gestiones para dar visibilidad a la causa de los presos del 11J, Albert Fonseca, hijo de Liset y hermano Robert, impulsó desde Canadá, donde reside, a un grupo de mujeres familiares de los encarcelados bajo la organización Cuba de Luto.
Los encarcelamientos tras las históricas protestas no se han detenido. Amnistía Internacional alertó en octubre pasado sobre el patrón detenciones y represión a los manifestantes que protestaron a gritos de libertad y otras consignas por la falta de electricidad. El gobierno procedió a cortar la conexión a internet en varios sitios del país, señala el organismo internacional.
“La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles. Es inaceptable que las autoridades sigan intimidando, amenazando, deteniendo, estigmatizando e intentando silenciar a cualquiera que exija necesidades básicas como electricidad, alimentos y libertad”, indica el comunicado de alerta de Amnistía.
"Nos cambió la vida en todos los sentidos"
Familiares consultados expusieron sus experiencias sobre los múltiples traslados de cárceles que enfrentan y lo que esto significa.
Saily Núñez tiene dos hijos menores de edad. De acuerdo con su testimonio padecen “un fuerte desequilibrio emocional por la ausencia de su padre”. La conversación con la VOA se interrumpe durante unos minutos por una llamada del esposo. “Lo están trasladando ahora mismo de vuelta a Quivicán”, dice la mujer, que luce desconcertada.
“Maikel [Puig] era todo aquí, el sustento de la familia, todo”, explica la licenciada en Microbiología, que dejó su empleo para ocuparse de la casa tras el arresto y condena de su esposo. “Ahí empezó la pesadilla porque nos cambió la vida en todos los sentidos”.
Núñez relata que los viajes interprovinciales la dejaban exhausta a ella y a los niños. “Nos pusieron como una forma más de castigarnos, nos distanciaron mucho, a más de 150 kilómetros de distancia”, para estar en tiempo el día de la visita a la cárcel, se apoyó en la ayuda de Sonia Álvarez, la esposa del preso político Félix Navarro y madre de la también encarcelada Sahyli Navarro.
La noticia del traslado no es el fin, asegura Núñez cuando se refiere a Maikel Puig. “Sigo exigiendo una y otra vez la libertad de mi esposo porque lo quiero en casa, lo quiero junto a la familia nuevamente”, afirma.
Llenar la ausencia
El gobierno cubano ha rechazado las críticas de familiares y grupos defensores de derechos humanos sobre irregularidades en los procesos judiciales. Medios de prensa controlados por el gobierno sostienen que no son "ni presos políticos ni de conciencia" y que fueron enjuiciados por "delitos comunes".
Las autoridades de La Habana sostienen además que los acusados pudieron declarar y responder las preguntas tanto de los fiscales como de la defensa. Aseguran que se respetó el derecho de abstenerse y de no hacerlo, y cada uno contó su versión de los hechos. Cuba además ha culpado a EEUU, con quien mantiene un diferendo político de más de seis décadas.
El gobierno de Joe Biden ha rechazado las acusaciones y condenado los encarcelamientos. Funcionarios de alto rango del Departamento de Estado han instado al gobierno de la isla a liberar a todos los presos políticos.
“Ese espacio está vacío, ese espacio… añoro que vuelva a ser ocupado”, dice Ailex Marcano, mientras recuerda que la convivencia con su hijo ha sido interrumpida.
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