CIUDAD DE MÉXICO - Los tres principales candidatos presidenciales de México no han declarado un solo peso en donaciones privadas directas para el financiamiento de sus campañas, según registros federales, despertando temores de grupos anticorrupción sobre la potencial influencia de dinero sucio en las elecciones.
Los aspirantes dijeron que dependieron casi exclusivamente del dinero de sus partidos, proveniente en su mayoría de fondos públicos, para financiar las campañas. Son unos 634 millones de pesos (32.1 millones de dólares), según sus declaraciones más recientes enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza los comicios y fiscaliza las cuentas partidarias.
Los mexicanos irán a las urnas el 1 de julio para elegir a su próximo presidente. De acuerdo con los documentos, ninguno de los casi 90 millones de votantes registrados del país hizo una contribución monetaria directamente a sus campañas.
Además, declararon que solamente 70 personas les entregaron unos 1.4 millones de pesos (70,897 de dólares) en bienes o servicios en especie. Según las leyes mexicanas, los partidos políticos deben financiarse mayormente con fondos públicos.
Las donaciones privadas están estrictamente reguladas y nunca han tenido un papel importante en las campañas modernas, al menos no las modestas sumas típicamente declaradas ante las autoridades electorales federales.
Pero grupos anticorrupción aseguran que en realidad, grandes contribuciones clandestinas y la compra ilegal de votos han sido un factor en las elecciones mexicanas durante décadas.
Las cifras más recientes presentadas al INE lesionan la credibilidad y subrayan la dificultad de limpiar el sistema de financiamiento de campañas en México, dijo Max Kaiser, una autoridad en iniciativas anticorrupción del no gubernamental Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Hasta que no atoremos ese ciclo no vamos a poder controlar la corrupción en México”, dijo Kaiser.
Las campañas de José Antonio Meade, candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Ricardo Anaya de Acción Nacional (PAN) dijeron que su financiamiento público era suficiente y que no requerían dinero privado. Representantes de los dos candidatos aseguraron que no tenían pendientes informes de donaciones privadas o gastos de campaña.
Un representante del candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, del partido MORENA, no respondió a una solicitud de comentarios.
El consejero del INE Ciro Murayama dijo que no era inusual que los candidatos declararan no haber recibido dinero privado.
“Si hay alguien que no lo crea, tiene que demostrarlo,” dijo Murayama en una entrevista. “Nosotros, a diferencia de los opinantes, tenemos que probar. Si alguien opina una cosa, la carga de la prueba corresponde a quien afirma”. Sin embargo, Luis Carlos Ugalde, un expresidente de la autoridad electoral, reconoció que los estrictos límites a donaciones privadas en México se pueden evadir fácilmente.
“Los topes de campaña no se respetan”, dijo Ugalde. “Los donantes privados prefieren dar dinero sin reportarlo”. En las elecciones de 2012, menos del 3 por ciento del financiamiento de campañas fue de donantes privados, según un documento en el sitio web del INE.
En este ciclo electoral, los candidatos presidenciales afiliados a partidos pueden gastar hasta 429.6 millones de pesos (21.8 millones de dólares) en su campaña. En 2007 el Gobierno endureció las leyes de financiamiento de campañas tras una polémica contienda presidencial. Una reforma en 2014 buscó mejorar la transparencia y sanciones más fuertes.
Aún así, la asociación Mexicanos Contra la Corrupción estimó a principios de este año que por cada peso declarado en gastos de campaña, al menos 15 pesos más no se declaran.
En una encuesta publicada esta semana, más de un tercio de los consultados dijeron que los partidos políticos habían intentado comprar su voto para las elecciones de 2018, federales o locales, dijo la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Un empresario vinculado a un gran escándalo de corrupción que involucró a la brasileña Odebrecht, declaró en 2016 a fiscales de Brasil que el gigante de la construcción había canalizado millones de dólares a un alto funcionario de la campaña de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México y miembro del PRI. La Presidencia ha rechazado las acusaciones. La fiscalía general (PGR) dijo en 2017 que investigaría las acusaciones y el caso sigue abierto.
El INE recién sancionó por irregularidades en financiamiento al candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez, quien recibió una multa de 739,000 pesos (37,423 de dólares) tras haber recaudado 8.1 millones de pesos (410,984 de dólares) para su campaña a través de contribuciones privadas.
Para Marco Fernández, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, las acciones del INE muestran que cada vez se torna más sofisticado en sus esfuerzos para combatir violaciones en el financiamiento de campañas.
Pero destacó que las multas generalmente bajas y la falta de consecuencias para candidatos o donantes no funcionan como medidas disuasivas.
“Lamentablemente las mentiras electorales hasta ahora siguen saliendo muy baratas”, dijo Fernández.
