Los cubanos también están obligados a cumplir la nueva regulación del gobierno de Estados Unidos, que prohíbe solicitar asilo en la frontera sur a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio.
Hay excepciones, pero requieren, entre otras cosas, que al aspirante le hayan negado asilo en el tercer país y presente constancia del fallo expedido en la corte correspondiente.
A partir de este martes, cuando la medida entra en vigor al publicarse en el Registro Federal, “se va a hacer mucho más difícil para el cubano solicitar asilo” en la frontera con México, le dijo el abogado de Inmigración Alejandro Vázquez al periodista de Radio Televisión Martí Ricardo Quintana. “Es una medida de impacto que va a tener el efecto de tratar de paralizar a las personas que quieran pedir asilo”.
La única salvedad, añadió Vázquez, es que enviar de vuelta a un cubano a la isla se hace mucho más complicado para las autoridades migratorias estadounidenses que con los nacionales de otros países.
“La devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano”, explicó el experto, “y el retorno de los cubanos a los terceros países por donde pasaron y pudieron pedir asilo va a estar sujeto a la admisión de las autoridades de esos países”.
La regulación va a enfrentar retos legales, dice Vázquez, pero de momento “crea una dificultad inmediata, complica el panorama migratorio y no discrimina: se está hablando de aplicarla incluso a los niños que vienen sin acompañantes”.
De acuerdo con el anuncio oficial en el sitio de internet del Departamento de Seguridad Nacional, hay solo tres excepciones posibles para que una persona que llegue a la frontera de Estados Unidos con México le permitan pedir asilo en Estados Unidos.
La primera: si el extranjero demuestra que solicitó protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los cuales transitó rumbo a Estados Unidos. En ese caso, debe presentar la documentación que atestigua que, en un juicio definitivo, le negaron refugio.
La segunda: si el extranjero demuestra que cumple la definición de “víctima de un caso grave de contrabando de personas”.
La tercera: si el país o los países por los que el extranjero transitó rumbo a Estados Unidos no son parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 1967 o la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos.
“Aunque los fondos suplementarios recientes son vitales para enfrentar la crisis [en la frontera], lo cierto es que eso no será suficiente sin cambios específicos en la estructura legal de nuestro sistema de Inmigración”, dijo en el anuncio oficial el director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan.
“Hasta tanto el Congreso actúe, esta norma provisional contribuirá a reducir el factor que más promueve la inmigración irregular hacia Estados Unidos”, declaró el funcionario.
Según McAleenan, la decisión va a reducir la enorme cantidad de solicitantes de asilo en el sistema estadounidense, causada por quienes no buscan protección en el primer país disponible.
Se trata, indica, de “migrantes económicos carentes de miedo legítimo a la persecución, y las organizaciones del crimen transnacional, los traficantes y los contrabandistas que explotan nuestro sistema para beneficio propio”.
Una abogada de Inmigración de Miami asegura que esto se veía venir.
“El que huye de persecución es como el que se está ahogando: te tienes que montar en la primera lancha que venga, en una tablita, no ponerte a esperar el trasatlántico”, declaró la abogada Grisell Ybarra. “Imagínate que te tiren un salvavidas y tú digas: no, no, yo estoy esperando el Queen Mary”.
Si alguien solicitó asilo en un tercer país por donde transitó rumbo a Estados Unidos y se lo concedieron, queda automáticamente descalificado para pedirlo al llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
“Eso existía ya”, le dijo a Quintana el también abogado de Inmigración Angel Leal. “Lo que es nuevo ahora es que si usted atravesó un tercer país [sin pedir refugio] queda descalificado, porque la expectativa es que usted pida refugio” en la primera oportunidad disponible.
El motivo de la regulación es la crisis fronteriza, reafirma Leal, porque no es posible lidiar con tanta gente.
“Son 45 mil camas en los centros de detención a nivel nacional, pero las cortes de Inmigración están a punto del colapso, porque hay 900 mil casos pendientes, y se cree que muchos de esos casos [son solicitantes que] no están perseguidos. Es una forma de tratar de aliviar las cortes y la crisis fronteriza”.
El anuncio ha desatado a su vez un debate sobre qué países son seguros para pedir refugio. Por ejemplo, según Amnistía Internacional, Guatemala no es un país capaz de ofrecer seguridad a alguien que esté huyendo de la persecución. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, podría viajar este fin de semana a Washington para firmar un acuerdo que declarará a Guatemala “tercer país seguro”.
Juliana Cano Nieto, funcionaria de Amnistía Internacional, no lo cree suficiente. Entrevistada por el diario guatemalteco Prensa Libre, dijo que “las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones”.
