Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto ley que, en su Artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la Veterinaria.
La norma considera la práctica privada de los médicos veterinarios como una contravención, a la que corresponden multas de entre 500 y 3.500 pesos.
“Es, más o menos, lo mismo que hicieron con los artistas en 2018 a través del Decreto 349, tratar de anular todo tipo de independencia para aumentar el control también en este campo, el de los defensores de animales”, indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
“Yo pienso que lo que viene es aún peor. Aplastar el ejercicio veterinario independiente implica que no se puedan hacer más las campañas de esterilización que realizábamos los protectores y médicos veterinarios, que aunque tenían cierta dosis de clandestinidad, no eran ilegales. Ahora lo son. Y los veterinarios estarían arriesgando sus títulos o ser gravados con altas multas. Es un golpe tremendo a la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, frente a la abulia de los organismos del Gobierno y la inestabilidad e insuficiencia de las clínicas estatales, carentes de todo tipo de recursos como vacunas, medicamentos o pruebas de diagnósticos“, dijo Vega.
“Después arremeterá [el gobierno] contra los refugios, usando el argumento del financiamiento, que, generalmente viene del extranjero, de personas y entidades simpatizantes de la causa de los animales. Y no hay futuro para los animales en Cuba, porque el Estado no tiene refugios, no tiene otra opción que no sea el exterminio, ni siquiera la eutanasia, sino la muerte por estricnina que es extremadamente dolorosa”, resaltó la animalista.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
“Cuando los animalistas comenzaron a juntarse y hacer peticiones al gobierno, no tenían conciencia de lo que significa aquí contrariar la política estatal. Había una gran dosis de ingenuidad todavía, como sucedió, hace poco, con personas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura exigiendo un diálogo. El diálogo no está mal que ocurra, pero debería ser con el sentido de demostrar que es inútil, porque ya el gobierno ha demostrado, demasiadas veces, que no le interesa dialogar, que no quiere efectuar cambios”, apuntó la defensora, quien ha rescatado a varios gatos y perros y les ha dado abrigo en su casa de Alamar, Habana del Este.
Por su parte, Leidy Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, comentó que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen involucradas en la defensa de los animales donde "lo único que hicieron fue ganar tiempo y calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista".
"Esta norma va a perjudicamos a nosotros a la vez que ataca directamente a los veterinarios que hacen su labor por cuentapropia, que son a los que podemos acudir, los animalistas y el pueblo en general, porque las clínicas veterinarias estatales están desprovistas”, declaró la protectora de animales.
“Tampoco tengo esperanzas en la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, prevista para este mes, ya que, creo, lo usarán como mecanismo represivo. Tengo entendido que las peleas de gallos no van a estar contenidas, ya se sabe la historia de directivos cubanos, que poseen vallas con ese fin”, acotó Hernández.
El estudiante de la Universidad Central Marta Abreu, Javier Larrea Formoso, uno de los entusiastas que, recientemente, fue convocado a un encuentro con las direcciones Jurídica y de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, criticó en sus redes sociales, la aprobación de este decreto.
"El sistema estatal de servicios veterinarios cubano ha demostrado no tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la población ni de ofrecer servicios veterinarios de calidad", señaló el fundador del grupo Bienestar Animal Cuba.
Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOSVox que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación.
