A seis meses de que Reporteros sin Fronteras (RSF) acudiera a la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos contra periodistas en México entre 2006 y 2018, esa organización ha recordado al Estado mexicano lo urgente de una respuesta y de la implementación de un plan de urgencia para que se haga justicia.
El 12 de marzo de 2019 el Secretario General de RSF, Christophe Deloire, tuvo un encuentro con el Subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.
En esa reunión le dio a conocer que RSF acudió a la CPI para que interviniera en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas en el transcurso de esos doce años.
El Centro de Investigación y Capacitación (CIC) Propuesta Cívica y RSF elaboraron de forma conjunta un documento legal que enviaron a la CPI el 11 de marzo del año en curso; en él señalaban los 116 crímenes cometidos contra periodistas durante los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018): 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas; la mayoría de ellos permanecen impunes.
La comunicación enviada a la CPI motiva y fundamenta que los crímenes de lesa humanidad perpetrados en México entre 2006 y 2012 son de competencia de la CPI.
Con esta comunicación RSF buscaba incidir en los esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la impunidad, en una lógica de complementación entre instituciones de justicia internacionales y nacionales.
RSF recuerda que el número de periodistas asesinados en México en 2019, debido a su labor periodística, asciende a diez, lo que hace de este país el más peligroso del mundo para la prensa.
México se encuentra en el lugar 144, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 elaborada por RSF.
