El Gobierno de Costa Rica espera que 2016 traiga consigo la solución definitiva a la inédita crisis migratoria y humanitaria de miles de cubanos varados en su territorio pero, además, un paliativo para el creciente déficit fiscal que amenaza las finanzas públicas.
Las primeras semanas de enero serán clave para determinar si el plan piloto acordado por México y varios países centroamericanos funciona y se convierte en la solución definitiva para los cubanos atrapados en Costa Rica en su ruta hacia Estados Unidos, explica este viernes la agencia Efe.
Nicaragua cerró la frontera a estos emigrantes desde el 15 de noviembre aduciendo riesgos a la seguridad y soberanía del país; desde entonces, unos 8.000 de ellos se han ido acumulando en Costa Rica, país que les dio visados especiales de tránsito, y al menos otros 1.000 en Panamá.
La solución acordada por la región en una reunión es llevar a cabo un plan piloto en enero mediante el cual un grupo de cubanos se traslade vía aérea hacia El Salvador y desde allí por tierra a Guatemala, México y EEUU.
Costa Rica habilitó 37 albergues para los miles de cubanos, una cantidad de personas que el país jamás había atendido en su historia, ni siquiera en el peor de los desastres naturales sufridos.
Las comunidades se unieron a organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales para brindar ayuda a los migrantes, a lo que la mayoría de cubanos ha respondido con trabajos voluntarios en los pueblos.
El canciller de Costa Rica, Manuel González, ha advertido que pese a que este país ha sido solidario con los cubanos, no se convertirá en un "puente abierto" en su migración hacia Estados Unidos, por lo que no otorgará más visados temporales de tránsito a los isleños.
Ante lo que consideró falta de solidaridad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), antes de que se acordara la solución, Costa Rica decidió suspender su participación política en ese foro.
González ha dicho que esa decisión no fue tomada sólo por la situación de los cubanos, sino por una serie de reformas del organismo que Costa Rica ha urgido y que no han sido tomadas en cuenta por los otros países.
Está por ver si en 2016 Costa Rica, uno de los países líderes de la región en materia política y económica, retorna al sistema y si sus solicitudes de reforma son acogidas por los otros miembros.
El otro gran reto de Costa Rica para el año 2016 es lograr la aprobación en el Congreso de proyectos de ley que buscan paliar el creciente déficit fiscal, que en 2015 podría cerrar en torno al 6% del Producto Interior Bruto.
El presidente Luis Guillermo Solís ha enfatizado que el déficit es el principal problema económico del país y supone una amenaza para las finanzas públicas y la inversión social.
Solís ha dicho que dedicará los primeros meses de 2016 a impulsar las reformas fiscales que ha presentado al Congreso y que encuentran una fuerte oposición de grupos políticos que le exigen primero acciones para recortar el gasto público.
La principal iniciativa es la de convertir el impuesto de ventas del 13% en uno de valor añadido del 15%, el cual ampliaría la base de productos y servicios por gravar.
Otro proyecto contiene reformas al impuesto sobre la renta, que incluye la inclusión de la renta global y algunos cambios en categorías salariales.
Será un gran reto también recuperar el crecimiento económico a un nivel del 4% o más en 2016, como lo pretende el Presidente, luego de un 2015 en el que quizás no llegue al 3%.
En el ámbito social, Solís también espera reducir la pobreza, que afecta al 21.7 % de los hogares del país; y el de desempleo, que se ubica en el 9.2 %.
El 2016 también supone para Costa Rica el desafío de mejorar sus acciones para luchar contra el crimen organizado, pues los homicidios asociados a ese flagelo suponen al menos el 37% de los ocurridos en 2015.
2015 fue el año más violento en la historia de Costa Rica con al menos 558 homicidios, una tasa de 11.4 por cada 100.000 habitantes.
