La nueva ley de inversión extranjera, que aprobará la Asamblea Nacional del Poder Popular este sábado, no prohíbe la inversión de los cubanos residentes en el exterior, pero tampoco la promueve, afirmó el ministro de inversiones, Rodrigo Malmierca. "Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. La ley no lo prohíbe, la política no lo promueve", dijo Malmierca a diputados cubanos, citado por la agencia local Prensa Latina.
El nuevo texto, al igual que el anterior de 1995, considera inversionista extranjero a la persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero "lo cual incluye a los ciudadanos de la isla residentes en el exterior", dijo el ministro.
La intervención de Malmierca se produjo durante los debates previos al plenario, que realizan las diferentes comisiones del Parlamento. Aclaró, según la Agencia de Información Nacional (AIN), que los emigrados podrán invertir "siempre que se trate de personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario ni estén vinculadas con la mafia terrorista miamense (anticastristas) y que por otra parte ofrezcan un negocio de interés sustantivo para el país según la cartera de inversiones existente".
En esas carteras, el estado cubano propone a los posibles inversionistas sus intereses, en cuanto a sectores de la economía y tipo de negocio. Más de dos millones de cubanos y sus descendientes residen fuera de la isla, fundamentalmente en Miami, Florida, así como otros estados norteamericanos.
Pero en casi 19 años de vigencia de la ley anterior, no se registró en Cuba ninguna inversión directa de emigrados. Los especialistas citan dos razones: voluntad política y las restricciones del embargo norteamericano. El enunciado, sin embargo, deja fuera a los cubanos residentes en la isla.
"Con el auge del sector privado (en Cuba), esta limitación se convierte en un freno", dijo el analista cubano Jorge de Armas, que vive en Estados Unidos.
Las reformas aplicadas por el presidente Raúl Castro incluyen el trabajo privado y la formación de pequeñas y medianas empresas no estatales.
Malmierca explicó la necesidad de aprobar la nueva ley, según un reporte del telediario local.
"Si no crece la economía a niveles de alrededor de 7% del producto Interno Bruto (PIB) y si no acumulamos entre 25 y 30% para hacer inversiones, no nos vamos a poder desarrollar. Para que ello ocurra necesitamos que vengan 2.000 millones, 2.500 millones de dólares en inversiones extranjeras cada año".
El nuevo texto, al igual que el anterior de 1995, considera inversionista extranjero a la persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero "lo cual incluye a los ciudadanos de la isla residentes en el exterior", dijo el ministro.
La intervención de Malmierca se produjo durante los debates previos al plenario, que realizan las diferentes comisiones del Parlamento. Aclaró, según la Agencia de Información Nacional (AIN), que los emigrados podrán invertir "siempre que se trate de personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario ni estén vinculadas con la mafia terrorista miamense (anticastristas) y que por otra parte ofrezcan un negocio de interés sustantivo para el país según la cartera de inversiones existente".
En esas carteras, el estado cubano propone a los posibles inversionistas sus intereses, en cuanto a sectores de la economía y tipo de negocio. Más de dos millones de cubanos y sus descendientes residen fuera de la isla, fundamentalmente en Miami, Florida, así como otros estados norteamericanos.
Pero en casi 19 años de vigencia de la ley anterior, no se registró en Cuba ninguna inversión directa de emigrados. Los especialistas citan dos razones: voluntad política y las restricciones del embargo norteamericano. El enunciado, sin embargo, deja fuera a los cubanos residentes en la isla.
"Con el auge del sector privado (en Cuba), esta limitación se convierte en un freno", dijo el analista cubano Jorge de Armas, que vive en Estados Unidos.
Las reformas aplicadas por el presidente Raúl Castro incluyen el trabajo privado y la formación de pequeñas y medianas empresas no estatales.
Malmierca explicó la necesidad de aprobar la nueva ley, según un reporte del telediario local.
"Si no crece la economía a niveles de alrededor de 7% del producto Interno Bruto (PIB) y si no acumulamos entre 25 y 30% para hacer inversiones, no nos vamos a poder desarrollar. Para que ello ocurra necesitamos que vengan 2.000 millones, 2.500 millones de dólares en inversiones extranjeras cada año".
