Tras su tambaleante actuación en el primer debate contra el expresidente Donald Trump, el presidente Joe Biden ha tratado de tranquilizar al Partido Demócrata sobre su elegibilidad, así como su edad y capacidad para gobernar.
Sin embargo, los llamados públicos de algunos funcionarios y donantes demócratas para reemplazarlo en la boleta electoral han planteado preguntas sobre qué opciones de procedimiento existen para hacerlo.
Una de ellas es la 25ª Enmienda, que rige la sucesión presidencial.
Aunque se ocupa de un tema crítico, la 25ª enmienda data sólo de 1967.
Antes de eso, el único estatuto relevante era el Artículo II de la Constitución, que establecía que el vicepresidente asumiría los deberes presidenciales en caso de muerte, renuncia o incapacidad para cumplir con sus deberes.
Pero este artículo tenía grandes limitaciones: no decía nada sobre el reemplazo del vicepresidente, ni especificaba cómo se determinaría la incapacidad de un presidente para gobernar.
La falta de claridad ha causado problemas a lo largo de la historia de Estados Unidos: James Garfield y Woodrow Wilson pasaron partes de sus presidencias en gran medida incapacitados, sin mandato para que el vicepresidente asumiera el cargo mientras el presidente aún vivía.
Después del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, hubo una mayor urgencia por aclarar las reglas.
La enmienda esboza el proceso
Propuesta en 1965 por el senador Birch Bayh y ratificada dos años después, la 25ª Enmienda contiene cuatro secciones.
La sección 1 reitera el Artículo II, pero va más allá al aclarar que en caso de una vacante presidencial, el vicepresidente se convierte en el nuevo mandatario y sucede plenamente en el cargo en lugar de solo asumir sus deberes como presidente interino. Esto no se había especificado previamente e inicialmente causó confusión cuando John Tyler sucedió a William Henry Harrison.
La Sección 2 llenó un vacío crítico al establecer un procedimiento para instalar a un nuevo vicepresidente: nominación por el presidente y confirmación por ambas cámaras del Congreso.
La importancia de esta sección quedó demostrada poco después, en 1973, cuando el vicepresidente Spiro Agnew dimitió por cargos de corrupción. Sin vicepresidente y enfrentando su propia investigación sobre el escándalo Watergate, el presidente Richard Nixon habría sido sucedido por el presidente de la Cámara de Representantes, Carl Albert, según la Ley de Sucesión Presidencial de 1947.
En cambio, Nixon invocó la 25ª Enmienda por primera vez para nominar a Gerald Ford como vicepresidente. Menos de un año después, Ford se convirtió en presidente tras la renuncia de Nixon.
La Sección 3 permitía a un presidente declarar su incapacidad para gobernar notificando formalmente a los líderes del Congreso, transfiriendo así temporalmente sus poderes y deberes, y permitiendo que el vicepresidente se convirtiera en presidente interino.
Un presidente también puede revertir esta acción notificando al Congreso sobre su aptitud para reanudar el cargo.
Anteriormente, un acuerdo similar había sido adoptado informalmente entre el presidente Dwight D. Eisenhower y el vicepresidente Richard Nixon, con Nixon reemplazando varias veces a Eisenhower cuando Eisenhower fue hospitalizado.
Desde entonces, la sección ha sido invocada por Ronald Reagan, George W. Bush y Joe Biden cuando fueron sometidos a cirugías.
El Congreso tiene la última palabra
La sección 4 es la parte más compleja de la enmienda, que aborda quién más, además del presidente, puede declarar que el mandatario no puede desempeñar funciones oficiales.
El texto otorga este poder al vicepresidente, junto con la mayoría de los miembros del gabinete presidencial, aunque también permite que el Congreso designe a otros funcionarios en su lugar.
El Congreso también tiene la última palabra si el presidente impugna la declaración y mantiene su idoneidad para el cargo, lo que requiere dos tercios de los votos para determinar que el presidente es realmente incapaz de gobernar.
Esta sección es similar al proceso de juicio político al permitir que un presidente en funciones sea relevado del poder por otros funcionarios del gobierno.
Pero a diferencia del juicio político, la Sección 4 solo permite que un presidente sea suspendido en lugar de destituido de su cargo, y que el vicepresidente se convierta en presidente interino hasta las próximas elecciones.
Y mientras que el juicio político se aplica a la conducta ilícita o al abuso de los poderes presidenciales, la 25ª Enmienda se refiere a la capacidad de ejercer estos poderes.
Definición de incapacidad queda abierta
Sin embargo, el alcance de lo que constituye la incapacidad se deja abierto intencionalmente. Si bien la interpretación más obvia es una emergencia sanitaria, los expertos constitucionales han planteado otras posibilidades como el secuestro, la incapacidad temporal o la incompetencia extrema.
De hecho, hay pocos límites formales a lo que puede considerarse incapacidad presidencial, siempre y cuando el vicepresidente, la mayoría de los miembros del gabinete y una supermayoría del Congreso puedan estar de acuerdo al respecto.
Aunque la Sección 4 nunca se ha utilizado, se ha planteado la posibilidad, más recientemente a raíz del ataque al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021.
Los demócratas y algunos republicanos pidieron al vicepresidente Mike Pence que invoque la Enmienda 25, citando la aparente falta de voluntad de Trump para intervenir o usar sus poderes presidenciales para detener los disturbios.
Si bien la enmienda nunca fue invocada, los demócratas iniciaron procedimientos de juicio político en la última semana de la presidencia de Trump.
Ahora, es la vicepresidenta Kamala Harris la que se enfrenta a los llamados para invocar la 25ª Enmienda para liberar a Biden del poder, incluida una resolución formal presentada por el representante republicano Chip Roy.
Pero muchas de las llamadas han provenido de partidarios del Partido Demócrata, quienes argumentan que hacerlo calmaría las preocupaciones de los votantes sobre la edad de Biden y le daría a Harris más legitimidad de cara a las elecciones como presidenta interina.
Sin embargo, la Constitución establece un umbral deliberadamente alto para destituir a un presidente elegido democráticamente.
Para evitar abusos partidistas, los redactores de la 25ª Enmienda se aseguraron de que las únicas personas que pueden invocarla sean los líderes de la propia administración de un presidente, que serían los menos propensos a oponerse a él.
Un vicepresidente que planea presentar la declaración requerida al Congreso podría tener que operar en secreto para convencer a suficientes miembros del gabinete de que firmen, ya que el presidente podría despedir preventivamente a cualquier miembro del gabinete que tenga la intención abierta de destituir al presidente de su cargo.
Por esta razón, los redactores le dieron al Congreso la opción de designar un organismo alternativo, como un panel médico independiente o un comité bipartidista permanente que decidiría las cuestiones de incapacidad presidencial junto con el vicepresidente.
Pero hasta la fecha, no lo han hecho. La invocación de la 25ª Enmienda sigue siendo una hipótesis poco probable, aunque su existencia aún puede influir en las discusiones internas del partido.
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