Un grupo de 20 cubanos fueron condenados el lunes por el delito de sedición, entre ellos cinco menores de edad, por participar en las manifestaciones el 11 de julio en Holguín.
El Código Penal cubano establece sanciones para este delito de hasta 20 años de prisión o la pena de muerte y se aplica a "los que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes...".
Un mes después de concluido el juicio, el Tribunal Provincial de Holguín hizo firme la sentencia de 14 años de privación de libertad por el delito de sedición contra Miguel Enrique Girón Velázquez.
“Fue a recoger la sentencia y ahí mismo me lo llevaron preso”, dijo a Radio Televisión Martí el angustiado padre Miguel Girón, radicado en Kentucky, Estados Unidos.
“Mi hijo que estaba en su casa, que no huyó, que no se fue del país, que tiene sus antecedentes penales limpios, ya se lo llevaron a la Prisión Provincial de Holguín. Maltrataron a mi familia, empujaron a mi hermano”, denunció.
Girón Velázquez, de 24 años, estaba en libertad condicional mientras esperaba las conclusiones definitivas de su juicio. La petición fiscal era de 25 años.
“El día 11 de julio mi hijo participó en la Marcha, se identificó con lo que estaba pasando y se sintió en la obligación de manifestar su criterio. Mi hijito tenía menos necesidad que miles de lo que estaban allí porque él todavía podía comprar en MLC (Moneda Libremente Convertible) pero no puede la tía, el primo, el amigo, el vecino. Él le decía a las personas que le reprocharon haber participado en la demostración ‘yo no lo hice por mí, lo hice por ti’”, recordó el padre.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, a medida que los disturbios se agravaron, Miguel abandonó el lugar para volver a su domicilio, pero dejó su moto y cuando más tarde fue a recuperarla se la habían hurtado. El 13 de julio, Miguel fue a poner una denuncia sobre el robo a la unidad policial y lo detuvieron por haber estado en la manifestación.
“En el caso de mi hijito, no hubo una sola evidencia, ni un testigo que lo señaló, ni un solo video donde apareciera cometiendo un acto de violencia”, indicó Girón, graduado de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Holguín.
“Mi muchacho no está vinculado a ninguna organización opositora. Es serio, sabe defender sus ideas”, señaló.
“Es tan estrecho el margen que le dan a los abogados en Cuba. El defensor no puede decir lo que piensa. No puede contradecir a las autoridades. Fue un circo, una farsa, lo que pasó con los manifestantes del 11 de julio”.
“De 12 ó 14 mil personas que participaron, escogieron, de manera representativa a estas 21 personas y las acusaron para generar terror, para que en 14 ó 15 años no se repita lo sucedido aquel día o que nadie tenga el valor de abrir su boca contra el régimen tan cruel ese”.
Radio Televisión Martí pudo confirmar la sanción de 20 años de cárcel contra Yosvany García Cazo, cuya petición fiscal era de 30 años.
“A mi marido, le llegó la sentencia de 20 años, a los demás también fueron altísimas, unos de 15, 17, 18 años. Es criminal la injusticia que se está cometiendo con todas estas personas que lo único que hicieron fue ejercer el derecho de libertad de expresión y querer libertad para Cuba”, subrayó la esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.
“Es lo más triste que he podido ver: los familiares, los padres devastados frente a ese tribunal. Yo esperaba otra cosa porque al principio una coronela en la televisión dijo que entre 10 y 8 años. Qué no se merecen ni cinco segundos en la cárcel y ya llevan 7 meses presos. ¡Qué tristeza para las familias cubanas!”
La activista Salomé García Bacallao del grupo Justicia 11J afirmó en un tuit que, igualmente, a Jessica Lisbeth Torres Calvo el órgano acusador solicitaba 27 años de privación de libertad, y la condenaron a 15 y se la llevaron a un centro penitenciario.
Los otros 18 manifestantes condenados son:
Ayan Idalberto Jover Cardoza, 5 años de limitación de libertad
Cruz García Domínguez, 17 años de privación de libertad
Ernesto Abelardo Martínez Pérez, 5 años de limitación de libertad
Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, 12 años de privación de libertad
Iván Colón Suárez, 18 años de privación de libertad
Jorge Luis Martínez García, 5 años de privación de libertad sin internamiento
José Ramón Solano Randiche, 18 años de privación de libertad
Keila Roxana Mulet Calderón, 5 años de limitación de libertad
Maikel Rodríguez del Campo, 18 años de privación de libertad
Marcos Antonio Pintueles Marrero, 7 años de privación de libertad
Mario Josué Prieto Ricardo, 17 años de privación de libertad
Miguel Cabrera Rojas, 20 años de privación de libertad
Samuel Torres Durán, 5 años de limitación de libertad
William Manuel Leyva Pupo, 12 años de privación de libertad
Yasmany Crespo Hernández, se desconoce
Yeral Michel Palacios Román, 5 años de limitación de libertad
Yoel Ricardo Sánchez Borjas, 7 años de privación de libertad
Yoirdan Revolta Leyva, 14 años de privación de libertad
