El Tribunal de Ejecución de Placetas, en la provincia Villa Clara, citó a la religiosa y activista Donaida Pérez Paseiro para supervisar si cumple con los requerimientos de la libertad condicional bajo la que se encuentra e incluir una amenaza velada a sus familiares cercanos.
Pérez Paseiro fue una de las primeras excarceladas luego que el gobierno cubano prometiera al Papa Francisco que pondría en libertad a más de 500 personas sentenciadas por diversos delitos, aunque sin reconocer a los presos políticos.
Al momento de su excarcelación, la religiosa fue advertida, de las obligaciones que conlleva la libertad condicional: mantener un vínculo laboral o estudiantil, no salir de su municipio, no estar en aglomeraciones de personas, no opinar en las redes sociales, no hacer comentarios en contra del gobierno cubano ni declaraciones a la prensa independiente.
Los presos políticos beneficiados por la libertad anticipada, la mayoría condenados por las protestas del 11 de julio de 2021, están sujetos a la vigilancia de los órganos de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) y las organizaciones sociales y de masas y serán supervisados por un juez de ejecución.
“Este 30 tuve que presentarme en el Tribunal Municipal de Placetas ante una jueza de ejecución, de una instructora penal, una trabajadora social y dos oficiales de la Seguridad del Estado. La jueza, luego de preguntarme si había sacado el carnet [de identidad] y si estaba trabajando, y frente a mi respuesta de que no quería me dijo que este es el procedimiento de los que están en libertad condicional, que no es para nosotros nada más”, explicó Pérez Paseiro.
“Me dio una nueva fecha para el seguimiento, el 18 de febrero próximo”, agregó la yoruba.
La libertad anticipada, figura por la que fueron excarcelados los manifestantes de verano de 2021, ha sido ampliamente rechazada por la mayoría de ellos, calificando la medida como arbitraria e injusta porque consideran que no cometieron delito al ejercer el derecho a la protesta pacífica.
Pocas horas después de regresar a su hogar en Artemisa, desde la cárcel Kilo 5 y Medio, Víctor Alejandro Painceira Rodríguez dijo a Martí Noticias que "hubiera deseado que la excarcelación que me dieron no fuera esto, sencillamente fuera una amnistía, porque yo soy un preso político que no he cometido ningún delito”.
Entretanto, las familias de cientos de presos políticos quedaron en la incertidumbre cuando el régimen pausó las excarcelaciones, el mismo día en que el presidente de Estados Unidos Donald Trump regresó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
“Cuando ya íbamos a dar por terminado aquello, los dos agentes de la Seguridad del Estado pidieron hablar conmigo. Empezaron a decir que estaba muy activa en las redes y que a pesar de eso no me habían llamado, pero que yo tenía que mermar eso, que Loreto podía salir mañana o pasado”, relató Pérez Paseiro en referencia a su esposo el babalawo Loreto Hernández, quien cumple una sentencia de siete años por participar en las demostraciones del 11J.
Los agentes de la policía política advirtieron a la activista que su “actitud” podría implicar y perjudicar a miembros de su familia.
“Eso fue refiriéndose a mi hijo el mayor y a Rosabel, la hija de Loreto que me preguntó si ellos no son contrarrevolucionarios. Le dije que no, que ellos no son defensores de los derechos humanos”, narró Pérez Paseiro.
“Les dije ‘contrarrevolucionarios’ son otros. Entonces uno de los agentes se impacientó “no vamos a debatir eso. El problema es que, si tú sigues en la misma, Loreto se va a quedar donde está”, subrayó la opositora.
Foro