Ha pasado un año y medio desde que Mariela Vizcay viera por última vez a su hijo, el preso político Yunior García Vizcay, condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el área de la Esquina de Toyo del municipio habanero Diez de Octubre.
Hace el mismo tiempo que el preso político, recluido en el Combinado del Este, no recibe visitas ni “jabas” que lo ayuden a paliar el hambre endémica de las prisiones cubanas. Nadie sabe si está bien de salud o si tiene un dolor, si ha recibido un castigo o si se declaró en huelga de hambre. Solo de tanto en tanto puede comunicarse a través del teléfono que vecinos compasivos le prestan a su madre.
Mariela reside en una zona rural del municipio Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, y le es casi imposible reunir el dinero que cuesta el transporte para trasladarse hasta la capital cubana, a casi novecientos kilómetros de su vivienda.
Es por eso, que varios meses atrás García Viscay, de 29 años, pidió su traslado a un establecimiento penitenciario cercano a su lugar de origen, pero las trabas burocráticas y la falta de voluntad de las autoridades carcelarias han dificultado que se lleve a buen término el anhelo de toda una familia.
“Nadie lo está atendiendo porque yo no tengo familia allá. Él me llama, cuando se puede, y me pregunta cómo estoy. Está desesperado por que le den el traslado ya que sabe que estoy enferma y no puedo ir a verlo, pero si está más cerca quizás yo pueda llevarle alimentos y acudir a las visitas. Todavía no le han dado el traslado porque su dirección oficial está registrada en Centro Habana, donde tenía alquilado un cuartico”, señaló Vizcay.
El Tribunal Provincial de La Habana encontró culpable de los delitos de sedición y hurto a Yunior García Vizcay y a otras 129 personas. El Supremo confirmó las sanciones.
Los manifestantes fueron “acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos”, según el documento que hace firme las sentencias.
De acuerdo al escrito oficial, el Tribunal Provincial de La Habana probó que los imputados, “obedeciendo” órdenes externas e internas, “intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta”. Arrojaron piedras y botellas contra funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y daños materiales.
Los juicios se celebraron entre el 14 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022 “correspondientes a las seis causas penales por los hechos acontecidos los días 11 y 12 de julio del año pasado, en el lugar conocido por la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo” en La Habana, informó una nota oficial.
Pero la madre no tiene consuelo: “on muchos años para esas sentencias, ellos no mataron a nadie. No puedo estar de acuerdo. Ellos solo estaban reclamando su derecho”, concluyó Viscay.
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