La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este martes a la OEA que preste mayor atención al "flagrante atropello" del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a la prensa privada en su país.
La SIP hizo la petición a la Organización de Estados Americanos (OEA) a pocos días de que asumiera la secretaría general el uruguayo Luis Almagro, quien ha manifestado su intención de modernizar y hacer más eficiente el organismo regional con sede en Washington.
En esta nueva etapa de la OEA "debe haber un compromiso mayor para que se entienda que sin libertad de prensa y de expresión no puede haber verdadera democracia, como indica la Carta (Democrática Interamericana)", indicó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, en un comunicado.
La OEA debe advertir "el flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes de su país", señaló la SIP.
La SIP, que agrupa a los dueños y editores de medios del continente, indicó que la ley de comunicación de Ecuador, que está por cumplir dos años de vigencia, es un "instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas".
"No estábamos equivocados, sabíamos que esta ley haría oficial la censura y que los ciudadanos serían los grandes perdedores, al ver vapuleado su derecho humano a estar debidamente informados", señaló Mohme.
Según la SIP, la ley de comunicación, "aplicada en forma discriminatoria y como escudo de funcionarios", ha servido para abrir 270 procesos contra medios de comunicación, 231 de ellos contra privados y 142 a pedido de autoridades.
La norma que cuestionan organizaciones internacionales y locales de libertad de prensa, surgió de una consulta popular y es defendida por el presidente Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor.
La legislación aumentó los controles sobre la prensa y fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios. La ley no prevé el cierre de medios. La SIP suele criticar el "deterioro" de la libertad de expresión en Ecuador, mientras que el presidente Correa ha tachado a la organización de pertenecer al sector más "retrógrado" de la oligarquía.
