Otra víctima de las manipulaciones de la Seguridad del Estado, Karelia Contreras Manzano, afirma que será echada de la vivienda que renta debido a su pertenencia al movimiento opositor cubano.
“Renté una vivienda hace tres años en la calle Maceo # 202 en Santa Clara. El dueño se llama Daniel Peralta Fernández al que le pago 50 CUC por el alquiler, pero ya la Seguridad el Estado lo presionó de que si no me sacaba de aquí podría tener problemas. Por eso mi arrendador me exigió que tengo que abandonar la casa el domingo 24 de mayo, de lo contrario tomará medidas legales conmigo”.
La joven, madre de una niña de 12 años, es miembro del Foro Antitotalitario Unido y ha sido desalojada en medio de la pandemia.
En un video al que Radio Martí tuvo acceso el hijo del casero le asegura a la activista que la Seguridad del Estado ha presionado a su papá para que la saque de la propiedad debido a actividades que allí se hacen, sin embargo, el dueño Peralta Fernández negó cualquier involucramiento de la policía política.
“Después que mi hijo fue a hablar con ella (con Karelia Contreras), un compañero habló conmigo. Yo no puedo hablar, yo soy una persona “integrada”, pero esto no tiene que ver con política. Ella ha hablado de más, es una problemática, está abusando de mi paciencia. Esta conversación no es de política, es de mi inmueble que tiene que desalojar. Yo le dije que tengo situaciones de familia, mi nuera está embarazada. Yo no tengo solución para ella. Tiene que irse de ahí”, concluyó el arrendador.
Acciones similares de los Órganos del Ministerio del Interior han sido hechas públicas antes, los casos más conocidos son los de la periodista independiente Camila Acosta, la curadora y activista Claudia Genlui Hidalgo y la poetisa Katherine Bisquet.
Karelia Contreras Manzano ha sido también multada con 3000 pesos bajo el 370, decreto ley que el régimen está utilizando para castigar a la ciudadanía que, en plena crisis del coronavirus, narra lo que sucede en el país a través de las redes sociales y los medios independientes.
