El capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Red Femenina de Cuba hicieron llegar a relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA una denuncia de los atropellos cometidos la madrugada del domingo contra familias, madres solteras y sus hijos en el Reparto Sierra Maestra, en el municipio capitalino de Santiago de las Vegas.
Así lo dieron a conocer el miércoles en una carta abierta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Las remitentes le recuerdan que fuerzas de la policía “apoyadas por buldóceres, entraron sin previo aviso a demoler las humildes viviendas de un grupo de pobladores, en su mayoría madres solteras con sus hijos” en el reparto de Santiago de las Vegas.
La demostración de fuerza sirvió para destruir los hogares que esas personas habían levantado allí con esfuerzo propio y sacrificios personales, dicen.
“En los testimonios del video que le anexamos, se verifica que algunas de las víctimas se niegan a creer que usted, que recién ha llamado a sus colegas a ser ‘valientes’ para arreglar el país, conoce los abusos que comete el gobierno que encabeza”, declaran.
El video en cuestión fue compartido en YouTube por el medio digital Diario de Cuba.
“Si en este caso se declara desconocedor de lo que ocurre a su alrededor lo emplazamos a que, al menos, detenga esta salvajada de inmediato y les dé garantías a esos pobladores mientras investiga los hechos”, exigen a renglón seguido.
Llaman la atención sobre el hecho de que algunas de las personas desalojadas a la fuerza nacieron en zonas rurales y decidieron moverse a otra parte de su propio país en busca de prosperidad para sus hijos.
“Pero una serie de decretos inconstitucionales violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos, y así han construido un muro de persecuciones, sanciones y deportaciones que incluye la demolición de sus precarias viviendas”, denuncia la carta.
Se trata de ciudadanos que ocuparon un limitado terreno lleno de escombros y basura por más de 25 años y, después de higienizarlo, levantaron viviendas muy modestas que para ellos eran sus hogares, indican las remitentes antes de subrayar una paradoja.
“A nadie nacido antes de 1959 se le escapa la ironía de que uno de los argumentos empleados por la revolución para legitimar la naturaleza humanista del proceso nacido ese año era precisamente poner fin a los desalojos agrarios y urbanos y establecer el derecho constitucional a una vivienda ‘digna’ o ‘adecuada”, dicen en el mensaje dirigido a Díaz-Canel.
Además, señalan, esas personas ya habían pagado multas de 500 y luego de 1,000 pesos, que se suponía les permitían legalizar sus viviendas. “Si eso fue una estafa, ¿quién se embolsilló ese dinero? ¿Lo sabe usted?”, preguntan las denunciantes.
Le dicen también al gobernante que tanto él como la policía del estado que encabeza deberían abstenerse de atizar odios en las circunstancias que vive el país.
“En lo que a nosotros respecta, y mientras usted decide qué acción va a tomar, abrimos una solicitud de vigilancia y acompañamiento de este caso con los relatores especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA”, le informan. “El mundo estará mirando a partir de hoy la suerte que corran esas humildes madres solteras y sus hijos. Ellos no estarán solos”, concluyen.
EL DETONANTE
“Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba diariamente; estamos en contra de esa arbitrariedad, de ese abuso”, le dijo a la reportera de Radio Televisión Martí Yolanda Huerga la representante occidental del capítulo Cuba de FLAMUR, Lisandra Orraca, quien refirió que el detonante para remitir la denuncia y escribir la carta fue la extracción con violencia de entre ocho y 10 núcleos familiares en la comunidad del reparto Sierra Maestra.
“Esa fue la gota que derramó el vaso”, aseguro Orraca. “Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares, que habían construido con su propio sacrificio porque el gobierno nunca les dio ningún apoyo para poder levantar sus moradas y fueron echadas sin contemplaciones, cruelmente”, agregó la directiva de FLAMUR.
Las desalojadas habian levantado sus casas donde antes estaba el llamado “basurero de los rusos”, porque allí depositaban sus desechos los técnicos procedentes de la entonces metrópoli socialista, que tenían un asentamiento cerca, explicó Agustín López Canino, autor del video que divulgó las denuncias de los afectados.
“La PNR, Policía Nacional Revolucionaria, fue al barrio y no les importaron las lágrimas que derramaron esas madres con sus niños, no tuvieron piedad y derrumbaron todas las casas, a pesar de que habían pagado ya multas de 500 y mil pesos porque les habían dicho que si las pagaban iban a poder legalizar sus domicilios”, denunció Orraca.
Iliana Hernández, integrante de la Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al gobernante cubano, recordó que muchas de esos ciudadanos son tratadas como inmigrantes dentro del territorio que los vio nacer.
“Estas son personas que vienen desde el interior del país buscando mejorar su calidad de vida, pero con estas normas que hay aquí son como inmigrantes ilegales y es penoso, vergonzoso que alguien en su propio país sea un inmigrante ilegal”, comentó la también periodista independiente.
Hernández subrayó que las desalojadas “están indefensas; lo que tienen que hacer las autoridades es legalizar su situación.”
