“El trabajo de los presos en Cuba, desde hace mucho, ha sido en condiciones de semiesclavitud", comentó a Martí Noticias Alejandro González Raga, director general del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La organización presentó una denuncia formal ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos por las violaciones sostenidas de los derechos laborales a las personas privadas de libertad en la isla. En el documento, detallan que hay presos que están siendo sometidos a trabajo forzoso con propósitos comerciales de producción, específicamente en la elaboración de carbón vegetal.
"Los que, por ejemplo, limpian en las prisiones, nunca reciben ningún tipo de salario, lo que reciben es un poco más de comida o un poco más de tiempo de visita o algo así”, comentó González Raga.
“Sobre el tema del carbón, es más impactante aún porque todavía es un rubro exportable que da dividendos en divisas y, por ende, deberían de tener los reclusos algún tipo más de atenciones”, agregó.
La Comisión Europea reportó que, en 2022, recibió madera, carbón vegetal y corcho desde Cuba valorados en 39 millones de euros.
“Sin embargo, trabajan en condiciones deplorables, sin herramientas, sin protección física alguna, a expensas de la lluvia, del agua, con escasez de todo tipo, también hambreados y pasando miles de vicisitudes”, explicó.
La organización solicitó a la ONU que investigue el fenómeno en Cuba, para que se juzgue y condene a responsables y se adopten las medidas y acciones políticas y jurídicas oportunas.
“Yo creo que es un ejercicio que teníamos que hacer, era algo que le debíamos a los presos en Cuba que ahora mismo es la franja de la población más afectada y que vive las penurias más agudas que vive el pueblo cubano”, enfatizó el directivo del OCDH.
El texto presentado señala que el trabajo de los reos se consuma bajo formas claras de coacción o intimidación, debido a la “vulnerabilidad y condiciones de subordinación fáctica y legal de los reclusos al sistema penitenciario”.
Al respecto, el ex prisionero político Alejandro Morales, quien estuvo en un centro correccional de la cárcel de Ariza, de Cienfuegos, señaló que los reclusos aceptaban la faena del carbón “porque es la única manera que les daban el pase. Mensualmente te daban cinco días y si sobrecumplías la norma te daban siete días en tu casa. Te pagaban 500 pesos cubanos al mes, que eso malamente te daba para el pasaje para tu casa”.
Otro de los factores por el que los presos aceptan trabajar en la elaboración del carbón es el de sortear la inseguridad de las prisiones, dijo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
“Las condiciones del preso cuando está en el carbón son las mismas que un desahuciado de la vida. Botado en el monte albergándose en casitas de nylon, y, llueva o relampaguee, tiene que trabajar mañana y tarde para poder cumplir su norma porque si no, no le dan el pase”, agregó Morales.
“Nos llevaban para Urquita, un campamento de los que le dicen abierto y te sacaban para quedarte 25 días en los montes para hacer una norma de carbón que son 1,000 kg de carbón”.
El marabú se corta, se transporta y se transforma en carbón mediante una combustión lenta en hornos que duran de 10 a 12 días. El carbón luego se exporta a Canadá, Turquía, Israel, Portugal, Italia, España y otros países.
Las ramas del marabú, repletas de espinas, forman entramados impenetrables que hacen más difícil su cosecha: “El marabú es malo para trabajar y no te dan herramientas ni medios de protección y en el país tampoco hay donde comprarlos”, apuntó Morales.
“No te dan hacha, no te dan machete, ni lima, ni guantes. Para auxiliarte en tu tarea, lo que tú pudieras buscar. Muchos trabajaban sin guantes, les chorreaba la sangre por las manos por los pinchazos de las espinas”, lamentó.
Las provincias con más presencia de esta práctica son Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, de acuerdo a la investigación desarrollada por el Observatorio que afirma que al menos un millar de reclusos en Cuba están obligados a trabajar en condiciones de ilegalidad, desprotección e inhumanidad.
Asimismo, el OCDH llama la atención sobre el rol que desempeñan empresas estatales en el uso de los sancionados en la terrible labor bajo la anuencia del régimen legitimador de la situación.
La entidad con sede en Madrid apuntó como “responsables directos de tan degradante práctica” a la Dirección General del sistema penitenciario y a la Empresa de Producciones Varias (PROVARI), Además, de la implicación y responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía General.
A finales de abril, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo reglamento que permite al bloque "prohibir la venta, importación y exportación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso”.
"Se tendrán en cuenta varios factores y criterios de riesgo, incluida la prevalencia del trabajo forzoso impuesto por el Estado en ciertos sectores económicos y áreas geográficas", informó la Eurocámara.
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