La activista Taimir García, una de los tres arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un “campamento correccional” conocido como Granja 5 de la Prisión de Mujeres, en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia.
“Al parecer ella le dio el número de teléfono a una reclusa que me llamó y me dijo ‘tu mujer está aquí en La Granja 5 ‘el Baisa’ de la Prisión de Mujeres’. Tiene que estar 14 días aislada como medida preventiva por el COVID19, en ese tiempo no le dan acceso a llamadas”, confirmó su esposo, Holmis Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir.
“No sé por qué la llevaron tan lejos, si ella es de acá de Las Tunas. Supongo que para poner a pasar trabajo a los familiares, que con las restricciones por la pandemia todo se dificulta. No hay transporte. Ahora mismo el alquiler de una máquina hasta Camagüey cuesta entre 80 y 100 dólares”.
García, acusada de los delitos de “Desacato” y “Resistencia”, fue apresada junto a Damián Hechevarría, inculpado de “Atentado” y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia tunera y Adrián Góngora, incriminado por “Resistencia”, y también reubicado en la Prisión Provincial de Holguín.
El pasado viernes el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de Habeas Corpus interpuestos a favor de los tres detenidos.
“No sé por qué tanto rigor con ellos. Lo que hicieron fue manifestarse en contra del atropello y la humillación al pueblo y exigir justicia. En el video que salió a la luz, se ve, claramente, que los policías son los que arremeten con violencia contra los tres activistas quienes son los que resultaron acusados”.
“Yo el miércoles pasado presenté una apelación a la decisión del Tribunal Provincial de declarar sin lugar el Habeas Corpus”, acotó Rivas.
El Habeas Corpus, denegado sistemáticamente en procesos penales contra opositores, es una de las garantías jurisdiccionales especiales de protección a los derechos humanos que permite al ciudadano privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la reclusión o las condiciones de la misma, para que el juez resuelva sobre la conformidad a derecho.
“Contratamos un abogado de los Bufetes Colectivos, que son los únicos que pueden representarla aquí en Cuba. Él dice que va a ser todo lo que pueda, pero los delitos políticos son muy difíciles”.
El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo.
