Amnistía Internacional advirtió en diciembre de 2022 que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de Cuba a la población le esperaba “un panorama aterrador para 2023 y años posteriores”. Los hechos recientes parecen hacer coincidir tal vaticinio con la realidad.
Hasta el cierre del mes de julio del presente año había en Cuba 1.047 personas detenidas o enjuiciadas ya por motivaciones políticas. Prisoners Defenders, una relatoría con sede en España que recoge regularmente los encarcelamientos e incidentes con los derechos humanos en la isla, informó que otras 24 personas se sumaron en el último mes a ese listado.
El gobierno cubano no reconoce como presos políticos a disidentes u opositores a su sistema; es común que les tilde de “contrarrevolucionarios”, “agentes al servicio de una potencia extranjera” o los acuse de atentar contra la seguridad del Estado.
“Ultraje a los símbolos nacionales”
El 18 de agosto pasado la Fiscalía en Camagüey –una provincia al centro de Cuba y a algo más de 500 kilómetros de La Habana- solicitó cuatro años de cárcel para Aniette González García por el acto de fotografiarse en su propia casa envuelta en la bandera cubana y publicar las imágenes en su cuenta de Facebook.
¿Su delito? supuestamente violar el Artículo 269, Capítulo III del Código Penal, que refiere al “ultraje a los símbolos nacionales”.
Al día siguiente, el 23 de marzo, Aniette González fue detenida y recluida en la prisión de mujeres Kilo 5, de Camagüey, donde espera una fecha para un probable juicio.
En cuestión, el acápite penal expresa: “Quien mancille o, con otros actos, muestre desprecio a la Bandera de la estrella solitaria, al Himno de Bayamo o al Escudo de la Palma Real, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas”.
Aniette Ginestá, niega que su madre haya cometido delito alguno.
“No por nuestra manera de pensar ni porque sea mi mamá, sino por las propias leyes. Es que no hay delito, ella no tiene delito, según las leyes, no según nosotros, no según nuestra manera de pensar; o sea que ahora mismo ella está privada de su libertad (de forma) totalmente ilegal”, dijo en conversación telefónica con la Voz de América.
La noticia de la petición fiscal contra González apareció inicialmente en el medio independiente La Hora de Cuba. Su director, Henry Constantín Ferreiro, añadió al final de la breve nota: “Sin embargo, el régimen usa la bandera como prenda de vestir en disímiles actos políticos y artísticos organizados por el oficialismo, sin que los involucrados sufran ningún tipo de llamado de atención o acoso por parte de las autoridades”.
Caso Otero Alcántara
En 2019, de julio a agosto, Luis Manuel Otero, figura principal del entonces vibrante Movimiento San Isidro, creó el gesto artístico titulado Le drapó. La acción consistió en llevar la bandera cubana sobre sus hombros de manera ininterrumpida, fuera de día o de noche y las publicó en Facebook, al igual que Aniette González.
Desde la sociedad civil independiente, el Movimiento San Isidro aglutinó a intelectuales de diversas manifestaciones y activistas de derechos humanos, y en su sede –la vivienda de Otero Alcántara- se organizaron conferencias y exposiciones de artes plásticas, conciertos de música, recitales de poesía, entre otros. En el último año, varios de sus integrantes salieron al exilio en España y Estados Unidos, principalmente.
Otero Alcántara fue detenido en marzo de 2020 durante 13 días en la Prisión Valle Grande, pero la presión de organizaciones, activistas e intelectuales dentro y fuera de Cuba dio con su liberación, según recogió entonces Amnistía Internacional.
Para Otero siguieron otras detenciones y sitios de las autoridades a su casa en el barrio San Isidro en La Habana, hasta que el 11 de julio de 2021 en medio de las protestas que se expandieron a casi todo el país, transmitió en su cuenta de Facebook que se uniría a las manifestaciones. No llegó a hacerlo, fue detenido.
Desde entonces está recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, a poco menos de 50 kilómetros de La Habana. El 22 de junio de 2022 se hizo firme su sentencia de 5 años de cárcel por además del supuesto ultraje a la bandera, cometer desórdenes públicos y desacato.
En septiembre de 2021 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.
Amnistía Internacional, que ha seguido el caso del artista, dijo en un correo electrónico a la VOA que “ve con alarmante preocupación cómo el derecho penal en Cuba se sigue usando como arma para restringir la libertad de expresión y callar las voces disidentes, como la penalización de lo que el Gobierno percibe como un "ultraje a los símbolos nacionales".
Limitante a la libertad de expresión
La Constitución de Cuba, sin embargo, recoge el derecho a la libre expresión. En su Artículo 54, expresa: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”.
La abogada cubana Laritza Diversent vive exiliada en el estado de Maryland, EEUU, desde 2017. Desde entonces ha proseguido como directora del Centro CubaLex, una consultoría legal para asuntos cubanos.
Al abordar el caso de Aniette González, Diversent apunta en conversación con la VOA que aunque esta tenía un perfil más bajo que Alcántara “nos va demostrando que en el tema de la utilización de los símbolos patrios es una prueba fehaciente de que el Estado insiste en reprimir y restringir la libertad de expresión”.
Además, indica, “es una forma de limitar la libertad de creación artística, utilizan las normas legales con interpretaciones restrictivas de los símbolos nacionales para impedir que dentro de Cuba otros individuos usen los símbolos que para ellos representan al poder, como una crítica al sistema”.
Aun así, la Constitución contempla el derecho a la libertad de prensa en su Artículo 55: “Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, pero acota que los medios comunicación “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Constantín Ferreiro, quien además de periodista independiente dentro de Cuba fungió por un período como vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no ve un panorama alentador para la libertad de expresión en la isla.
“Las leyes nuevas solo, digamos, ajustan, actualizan y aprovechan o se enfocan en los actos de protesta más comunes de estos tiempos para reprimirlos. No hay ningún cambio mayúsculo, en ningún concepto”, explica.
Incluso con las críticas por la manera en que enfrenta a las voces disidentes en la isla, el gobierno cubano ha publicado los textos, tanto de la Constitución como del Código Penal, ahora disponibles en formato electrónico.
Al ser cuestionada sobre el estado legal de la acción performática del pasado mes de marzo por su mamá, Aniette Ginestá dijo que “Las fotos fueron hechas de manera artística, no incitando al pueblo a hacer nada malo, las fotos no tenían frases ofensivas contra la bandera”, y apelando al Artículo 54 de la Constitución, dijo que la mujer está libre de culpas. “Ella no tiene delito ahí”, asevera.
Amnistía Internacional insiste en que estos procesos judiciales y las “detenciones arbitrarias” impactan tanto en la capacidad de trabajar y el derecho a la privacidad de las personas que exigen pacíficamente los derechos humanos.
“La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estas medidas represivas y llamar al gobierno cubano a respetar los derechos de la población”, concluyó Jiménez a nombre de la organización internacional.
Foro