A Romer Rubio, coordinador de la Plataforma Unitaria de partidos opositores venezolanos en Chile, una fuente de confianza en su país le advirtió los primeros días de agosto que revisara el estatus de su pasaporte en el sistema gubernamental de documentación. A los pocos minutos, confirmó su temor al leer un mensaje en letras rojas durante su consulta por internet: “Anulado”.
Rubio es parte de un grupo creciente de activistas de derechos humanos, académicos, comunicadores y políticos de Venezuela que han confirmado en las últimas horas, mediante notificaciones oficiales, que sus documentos de viaje han sido invalidados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Las anulaciones de pasaportes se conocen en un contexto de represión y arrestos de manifestantes y dirigentes de la oposición venezolana después de la disputada elección presidencial del 28 de julio, donde el poder electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro.
Según las denuncias, la mayoría de los pasaportes fueron expedidos tan recientemente como el año pasado, incluso algunos son este año. Su vigencia sería de unos 10 años, han precisado los perjudicados por las invalidaciones.
“Es una nueva forma de destierro”, comenta Rubio a la Voz de América desde Chile. Su pasaporte debía estar vigente por nueve años más.
Si bien no hay un catastro formal de los afectados, el dirigente político adelanta que se anularon pasaportes de 30 activistas opositores, sólo en el estado occidental de Zulia.
Espacio Público, una asociación civil dedicada a la promoción de los derechos de libertad de expresión y de libre prensa, dijo haber documentado al menos 16 casos de anulación de pasaportes, que incluyen a periodistas.
De acuerdo con Rubio, se trata de una medida violatoria de derechos humanos, que dificulta la migración desde Venezuela y la movilización fuera del país de voces críticas con el gobierno de Maduro.
“Es una forma de apatridia”, lamenta el dirigente opositor, también miembro académico de la universidad Andrés Bello, de Chile.
Muchos más casos
El 3 de agosto, fue retenido por seis horas en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, el activista y defensor de derechos de la comunidad LGBTQ+, Yendri Velásquez. Su pasaporte fue anulado, reportó la prensa.
El 4 de agosto, la profesora de ciencias políticas, poeta y trabajadora humanitaria Edni López reportó a su pareja que su pasaporte aparecía vencido en el sistema oficial en Maiquetía, cuando se disponía a viajar por vacaciones. Sus familiares y colegas académicos denunciaron su detención por parte de agentes de contrainteligencia militar.
Su arresto ocurre entre cientos de detenciones por parte del gobierno venezolano bajo cargos de presunto terrorismo después de la controvertida proclamación del presidente Maduro, que la oposición considera como un anuncio sin evidencias y un fraude.
De acuerdo con el jefe de Estado, sus fuerzas policiales han detenido a más de 2.200 personas, calificadas por él como “terroristas” que promueven violencia y odio en el país.
Entre el 5 y el 6 de agosto, el periodista residenciado en Ecuador, Jefferson Díaz, denunció que los pasaportes de su esposa, sus hijos y el suyo habían sido anulados. Díaz no tiene explicación oficial de la medida, aunque sospecha que se debe a sus reportes sobre migración.
En conversación con la VOA, el comunicador consideró la medida como una “coerción” para los venezolanos dentro y fuera del país.
“Nos encierran dentro de Venezuela, violentando nuestro derecho humano a la movilidad”, asegura, temiendo que los migrantes tendrán mayores dificultades para solicitar visas o naturalizaciones en países de acogida.
Un “cerco” contra la disidencia
El 6 de agosto, el coordinador en Ecuador del opositor Partido Voluntad Popular, Luis Magallanes, reportó la anulación de su pasaporte y dijo tener informes similares de “muchísimas personas” más en Argentina, Chile y Colombia, todos críticos del gobierno.
A su entender, es una “arbitrariedad” del gobierno que busca generar “un cerco” contra quienes disienten y denuncian sus políticas en el extranjero.
Aula Abierta, oenegé promotora de derechos humanos en Venezuela, comparó las anulaciones de pasaportes con medidas similares recientes en Nicaragua.
La retención arbitraria de pasaportes es parte de “medidas de represión y hostigamiento” por parte del gobierno en el contexto de las elecciones, advirtió este miércoles la organización.
“Nos recuerda las tácticas represivas observadas en otros regímenes autoritarios particularmente en Nicaragua, representando una grave violación de los derechos humanos y de las normas internacionales que garantizan la libertad de movimiento, el derecho a la identificación, inclusive el derecho a la nacionalidad”, apuntó Aula Abierta en su informe.
R4V, una plataforma que coordina 200 agencias de las Naciones Unidas y organizaciones para atender a refugiados y migrantes de Venezuela, exhortó este miércoles a los países a aceptar documentos de identidad vencidos de esta población.
Pérdida de libertades y de dinero
Magallanes, uno de los activistas de partidos opositores afectados por la medida en Ecuador, advirtió que la anulación del documento es un “robo” de su dinero. Solicitar un pasaporte nuevo en Venezuela cuesta alrededor de 215 dólares, si bien debe pagarse en bolívares. Fuera del país, la gestión ronda los 230 dólares por trámites consulares.
El pasaporte venezolano es el más caro de América Latina, seguido del uruguayo, que ronda los 123 dólares. Los más económicos son los de Perú (26 dólares), El Salvador ($40) y Argentina (42 dólares), según la prensa.
El gobierno venezolano no tiene delegación consular en múltiples países por la crisis diplomática y diferencias ideológicas con sus ejecutivos, han denunciado defensores de derechos humanos y organizaciones que velan por los refugiados y migrantes del país.
En rechazo a sus posturas sobre la elección de julio, Maduro retiró su personal diplomático en 7 países (Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Panamá), ordenando que hicieran lo mismo con su representación en Venezuela.
Rubio, por su parte, remarca a la VOA desde Chile la urgencia de que los países de acogida de millones de venezolanos -7,7 millones, de acuerdo con la plataforma R4V- flexibilicen sus exigencias migratorias de esta población, cuya vulnerabilidad está “latente” y tiende a agravarse, indica.
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