La oposición venezolana advirtió el viernes que llegó la hora de las definiciones tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que denunció como una ruptura del orden constitucional.
"El miércoles va a ser el inicio de una movilización en todo el país, vamos a tomar Venezuela de punta a punta, todo el pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional", anunció el líder opositor Henrique Capriles, en rueda de prensa de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Junto a los máximos dirigentes de la MUD, el excandidato presidencial informó que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sesionará de urgencia el domingo para "tomar decisiones".
"En Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma. Llegó la hora de defender la Constitución", manifestó Capriles.
El dirigente aseguró que el Parlamento evaluará la "conducta" de Maduro, quien está de gira por Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Catar. En su primera escala, el mandatario dio declaraciones a la televisión oficial y, aunque no mencionó expresamente al referendo, pidió que "nadie se vuelva loco".
"Llamo a la tranquilidad, al diálogo, a la paz", señaló el gobernante.
El sábado marchará en Caracas un grupo de mujeres autodenominado las "resteadas" (valientes), encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, quien en mensajes enviados a través de su cónyuge llamó a protestar.
La MUD definió su estrategia después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) postergara el jueves el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón de votantes), previsto entre el 26 al 28 de octubre, último paso hacia el referendo.
El CNE, al que la oposición acusa de aliado del gobierno al igual que a la justicia, dijo acatar fallos de tribunales penales que anularon en cinco Estados, por "fraude", la recolección de firmas del 1% del padrón, que inició la solicitud del revocatorio.
La MUD estaba segura de superar holgadamente el 20% de rúbricas exigido, en medio del malestar popular por la grave crisis del país, con aguda escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% este año.
Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019, enfrenta una impopularidad del 76,5% y el 62,3% votaría por revocarlo, según la firma Datanálisis.
Capriles calificó la suspensión del proceso de muy "peligrosa": "No queremos que este país termine en un estallido social y el referendo ha sido contención para que no se dé", advirtió.
"Ojalá que la Fuerza Armada haga también valer la Constitución", dijo el dirigente, quien tiene una prohibición de salida de Venezuela, así como otros opositores.
Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, estimó que el chavismo decidió "asesinar el referendo" antes que enfrentar "al gentío" (multitudes) que firmaría la próxima semana.
El CNE había adelantado que la consulta, si se cumplía con el 20%, se haría en febrero o marzo de 2017. Muy tarde para la oposición, pues en ese caso, el presidente revocado cede el poder a su vicepresidente, sin nuevas elecciones.
Entre tensiones, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz aseguró que delegados del oficialismo y la oposición se reunirán este fin de semana por separado con una mediación internacional encabezada por el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para un diálogo sobre la crisis.
Según Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres),
"aumentan los riesgos de protestas desestabilizadoras" que pueden "degenerar en violencia" y represión militar.
La gran duda sigue siendo qué margen de acción tiene la MUD. Las marchas por el referendo han sido modestas, con excepción del pasado 1 de septiembre, cuando aseguran haber reunido un millón de personas.
Ramos Allup anunció que representantes de la MUD viajarán pronto a Washington para pedirle al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que aplique la Carta Democrática en Venezuela.
Más temprano, Almagro afirmó que "es hora de tomar acciones concretas" ante un "rompimiento democrático", en tanto que Estados Unidos acusó al CNE de "bloquear" el derecho al voto.
Desde un inicio, el oficialismo advirtió que cerraría el paso al referendo y hace meses interpuso 8.600 acciones legales contra la recolección del 1%, aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.
Jorge Rodríguez, encargado por Maduro para defenderlo en el proceso, reiteró este viernes que el referendo "murió al nacer" por el "peor fraude de la historia de Venezuela".
"Entramos en una nueva fase, que se aleja más de la democracia integral, la negociación y el respeto institucional", aseguró Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
Para el analista Benigno Alarcón, el gobierno optó por una "peligrosa maniobra de aislamiento y cierre político", pues perdió su "competitividad electoral" tras la muerte de Chávez. De hecho, los comicios de gobernadores que debían hacerse a fines de 2016 fueron pospuestos para 2017.
