La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea que siguió las elecciones regionales venezolanas en noviembre pasado presentó su informe final en el que incluyen unas 23 recomendaciones, entre las que destacaron mayor separación de poderes.
Desde Bruselas, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, jefa de la misión, fue la encargada de presentar ampliación del informe ya publicado en noviembre en el que, aseguró, se reflejan “las luces y las sombras del proceso electoral”.
Santos, como lo hizo en la primera presentación, señaló que entre las mejoras estaban un Consejo Nacional Electoral (CNE) en su mayoría reconocido como el “más plural y equilibrado” de las últimas dos décadas. Así como las auditorías y la actualizaciones hechas al sistema electoral.
Sin embargo, ratificó que “todavía permanecen deficiencias estructurales a superar”. Entre ellas, agregó, la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación “arbitraria” de candidatos y el uso de recursos del Estado en la campaña.
Algunas recomendaciones
Con estos puntos previamente identificados, la misión presentó 23 recomendaciones para mejoras del proceso electoral, consideradas tres de ellas prioritarias por su “mayor impacto” en futuros procesos.
La primera de estas recomendaciones es separación de poderes del Estado, particularmente al Poder Judicial, con vista a darle al CNE “mayor autonomía”.
Fue el máximo tribunal del país quien ordenó al Consejo Electoral, luego de que se presentara un amparo constitucional en contra del candidato opositor, repetir las elecciones en el estado Barinas, hasta ese momento bastión chavista.
El informe no incluye la repetición de estas elecciones, realizadas en enero de este año, pues su periodo es de mediados de octubre a inicios de diciembre, según lo establecido por el acuerdo firmado para realizar la observación.
Entre las recomendación de la misión también está derogar la facultad de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho de poder presentarse en las elecciones y reforzar las facultades sancionadoras del CNE.
Los medios de comunicación también tuvieron un espacio en las sugerencias. La MOE recomendó garantizar una cobertura mediática equilibrada de las campañas electorales, “especialmente en los medios de comunicación del Estado”.
Además, los observadores europeos también pidieron promover la libertad de expresión derogando la Ley contra el Odio “para crear condiciones que garanticen que los periodistas no se vean obligado a la autocensura”.
La ley data de 2017 y establece que quién fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
