Venezuela está bajo estado de excepción y los opositores no piensan bajar la presión en las calles exigiendo un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días.
El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por tres meses, inclusive no descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.
Hoy lunes se darán más detalles de las medidas, que podría incluir conozcan los alcances de la medida, que suele restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, indica la agencia AFP.
El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una "crisis humanitaria" y ante la "amenaza externa", ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares.
El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la "guerra económica", que según él ejecutan la oposición y empresarios de derecha para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.
Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.
Un extenso artículo del diario The New York Times titulada “Infantes muertos y sin medicinas: dentro de los fracasos hospitales venezolanos”, indica este lunes que en una noche murieron cuatro menores en el centro hospitalario Luis Razetti, de Caracas. Once fotos que publica el rotativo exponen el desastre del sistema de salud venezolano y la doctora Osleidy Camejo afirma que la muerte de menores “es el pan nuestro de cada día”.
Cuando los legisladores, con mayoría opositora en el parlamento, aprobaron la ley que permite ayuda humanitaria internacional; dice el diario estadounidense, el gobernante acusó al legislativo de minar la credibilidad del sistema de salud venezolano.
No al referéndum revocatorio
El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó la posibilidad de que Maduro sea revocado mediante un referendo.
"Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude", dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.
El estado de excepción se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país en exigencia de que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere que la consulta se realice este año. Si se la hace después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período presidencial, y Maduro pierde, el vicepresidente gobernaría los dos restantes.
El titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, un experimentado dirigente opositor, denunció el domingo por Twitter que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes pasado y acordaron posponer el referendo para febrero de 2017.
Según la firma Datanálisis, siete de cada diez venezolanos quiere un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que "su vida ha empeorado".
Aun cuando la oposición asegura que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.
Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la directiva del Legislativo por desacato a una modificación del reglamento interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.
Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.
