El gobierno de Estados Unidos expresó el lunes su preocupación “por la creciente represión del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua”.
“Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. Esto aislará aún más a su régimen de la comunidad global”, informó en un comunicado el Departamento de Estado.
EE.UU. hizo la declaración a propósito de la Ley Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua, con la que, según dijo, se están “silenciando voces independientes”.
El Departamento de Estado cita los ejemplos del capítulo del PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a los que calificó como un par de “baluartes de la libre expresión” que se vieron obligados a cerrar la semana pasada en Managua, la capital.
"Asfixia para la sociedad civil"
La ley, aprobada en octubre de 2020, exige a las entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externo registrarse como "agentes extranjeros" ante el Ministerio de Gobernación y reportar mensualmente sus movimientos financieros. La legislación incluye a consultores, relacionistas públicos, agentes de publicidad y empleadores de servicios de información.
Así mismo, el gobierno estadounidense advirtió que los dos sucesos mencionados son una asfixia para la sociedad civil y “alejan al país de las elecciones libres y justas de noviembre”.
El comunicado hace constar que la administración Biden mantiene el compromiso de “apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia”, al tiempo que dejó en claro: “Instamos al presidente Ortega a que cambie de rumbo ahora”.
Desde las instancias oficialistas, la medida es defendida aludiendo a estrategias de soberanía, como argumentó el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, a la Voz de América a pocos días de su promulgación.
"No puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos ", argumentó Gutiérrez, quien sostuvo que organizaciones extranjeras financian a entidades locales para hacer campaña contra la administración sandinista.