La Organización de Estados Americanos condenó el miércoles las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y civiles armados progubernamentales en Nicaragua desde que comenzaron a realizarse protestas multitudinarias contra el presidente Daniel Ortega a mediados de abril.
En la resolución, adoptada con 21 votos a favor por 3 en contra y 7 abstenciones_, también se criticó el hostigamiento a obispos católicos, quienes han sufrido al menos tres ataques.
Los funcionarios eclesiásticos han mediado el diálogo entre el gobierno y la oposición para hallar una solución pacífica a la situación y han criticado al gobierno de Ortega por los asesinatos.
La resolución auspiciada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos llama a Ortega a respaldar un calendario electoral acordado en las negociaciones.
Ortega se ha negado a adelantar las elecciones y califica a quienes piden su salida de “golpistas”.
En la última semana, el gobierno de Ortega y sus partidarios se han movilizado de forma agresiva contra lo que resta de la resistencia, incluso desalojando a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y adentrándose en un barrio rebelde en la ciudad de Masaya.
El miércoles, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, fustigó a la OEA por adoptar el documento, que calificó de ilegal e injusto.
“Tenemos instituciones que funcionan, un estado de derecho, una constitución que funciona. Por eso no es correcto que este Consejo Permanente se erija en una especie de tribunal que nadie ha autorizado ni dado facultades para juzgar a Nicaragua”, dijo minutos antes de la votación.
Nicaragua está siendo objeto de “embates de grupos terroristas para derrocar a un gobierno legítimo”, agregó.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, apoyó la resolución vía Twitter: “¡Gracias hermanos países del continente americano que se han solidarizado con el dolor y la lucha del pueblo de Nicaragua!”.
El martes, fuerzas del gobierno nicaragüense recuperaron el control del emblemático barrio de Monimbó, en Masaya, al sureste de la capital, que recientemente se había convertido en epicentro de la resistencia contra el gobierno de Ortega.
El miércoles, Azucena López García enterró a su hijo Erick Antonio, un estudiante universitario a quien le dispararon por defender una barricada cuando la policía y civiles armados rodearon y se abrieron paso a tiros a Monimbó. El comisionado Ramón Avellán dijo que recibió órdenes de tomar control de la ciudad por cualquier medio.
“Monimbó está desolado”, dijo entre lágrimas López García a un lado de la tumba de su hijo. “Los jóvenes andan huyendo de sus casas”.
Dijo que ella estaba enterrando a su familiar, pero otras madres no saben a dónde fueron llevados sus hijos.
Civiles partidarios del gobierno, enmascarados, armados con fusiles y escopetas, conducían por las calles de Monimbó en camionetas, haciendo sonar el claxon y ondeando la bandera roja y negra del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, a manera de celebración. Otros descansaban en las intersecciones mientras se veían francotiradores en las azoteas.
Un hombre con un pasamontañas negro y una camiseta azul negó que él y otros fueran paramilitares respaldados por el gobierno, aunque transitaban libremente y armados hasta los dientes frente a patrullas de la policía nacional.
“Yo soy un poblador normal”, dijo sin querer dar su nombre. “Aquí nosotros, los mismos pobladores tuvimos que liberarlos”.
Mientras la OEA llevaba a cabo su sesión, un grupo bipartidista de 10 senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es imponer sanciones a los funcionarios nicaragüenses responsables de la muerte de manifestantes, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. También hicieron un llamado para una solución política negociada.
“No podemos mantenernos callados mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo arremeten contra su propio pueblo, como es evidente por las imágenes en donde se ve que les disparan a estudiantes mientras buscan refugio dentro de una iglesia”, dijo el senador demócrata Bob Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y uno de los promotores de la iniciativa de ley.
En la Ciudad de México, Pilar Sanmartín, una investigadora de crisis para Amnistía Internacional, pidió al gobierno de Ortega buscar una resolución pacífica a través del diálogo.
“Pero de una manera sincera, de una manera honesta”, especificó.
Dijo que casi 2.000 personas han resultado heridas en la lucha de los últimos tres meses contra los recortes al seguro social que fueron anunciados y revertidos al poco tiempo a mediados de abril.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció “el empeoramiento, intensificación y diversificación” de la represión en el país centroamericano.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos había contado 351 fallecimientos por el conflicto en el país entre el 19 de abril y el 10 de julio. El gobierno dice que más de 200 personas han muerto desde que comenzó la agitación popular.
Associated Press
