El acoso de las autoridades cubanas contra los manifestantes del 11 de julio se intensifica y toma diversas formas, como aseguran varias fuentes.
En la Isla de la Juventud, al matrimonio compuesto por Ramón Salazar y Martha Pérez, miembros del Partido Autónomo Pinero, quienes fueron absueltos por el Tribunal Municipal del Nueva Gerona en juicio por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el territorio, el Ministerio de la Agricultura les retiró el permiso de operar las tierras en usufructo y les confiscaron un tractor de su propiedad.
La decisión judicial que les perdonaba fue apelada por la fiscalía y ahora están en espera de conocer sí serán llevados nuevamente a juicio.
“Nosotros hemos trabajado durante 18 años en esa finca ubicada en la zona del Nazareno, producimos y entregamos cerca de cinco toneladas de mango anualmente, producto de esa decisión todas las matas están repletas de mango y el suelo esta amarillo por las frutas que no se recogen, y los niños lloran por tomarse una compota o comerse un mango. Nosotros sabemos que detrás de esa decisión está la policía política, sabemos que detrás de eso se mueven manos oscuras que no tratan de contribuir sino de destruir”, dijo Martha Pérez.
El miércoles fue detenida y enviada a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la ciudad de Las Tunas, sin razón alguna, la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yolanda Carmenate Fernández.
La mujer de 66 años de edad fue condenada a 4 años de prisión sin internamiento por su participación en las protestas populares y fue encontrada culpable de los presuntos delitos de propagación de epidemias, resistencia y desacato.
En la estación policial, el miércoles se le impuso una carta de advertencia y amenazas de que se le revocará su condena y será llevada a prisión cerrada, informó la opositora.
“Todo esto es una artimaña con el propósito de internarme nuevamente en prisión, porque como yo estoy en la casa con cárcel domiciliar, ellos andan buscando una justificación para tenerme allí en las mazmorras de los castristas”, aseguró.
A Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión y encarcelado en el penal de Quivicán por participar en las protestas en San José de las Lajas, Artemisa, le fueron suspendidas las salidas al patio del penal para tomar el sol, las visitas y la entrega de alimentos por parte de oficiales del centro penitenciario, denunció su esposa Dayana Aranda Batista.
“Mi esposo rehusó hacer unos carteles que se iban a utilizar para la celebración del primero de mayo, y para eso están utilizando a los reos, él se negó alegando que es un preso político, y ayer por la tarde es cuando me informó que le habían suspendido las llamadas, pero además, la visita conyugal que le tocaba el 17 de mayo también se la cancelaron”, informó Dayana.
En la prisión del Combinado Sur en Matanzas, donde cumple el opositor Francisco Rangel Manzano, condenado a seis años de prisión por su participación en las protestas del 11 J, este lleva más de un mes sin recibir la visita familiar y sin una justificación apropiada, expresó su esposa Regla Burunate.
“40 días, imagínese usted, que él no debe tener nada de alimentos, con las pésimas condiciones existentes en las cárceles cubanas, muerto de hambre debe estar”, advirtió.
