Más allá de las paredes: La realidad de la vivienda en Cuba
Desalojos, otra realidad de la crisis habitacional en Cuba
Aunque Fidel Castro proclamó desde los primeros años de su arribo al poder el fin de los desalojos en Cuba, estos han continuando como una práctica frecuente de las autoridades para “extraer” mediante las fuerzas policiales a las personas que, desesperadas por tener un techo, ocupan inmuebles estatales o particulares.
Los desalojos ocurren mayormente cuando las edificaciones cobran interés gubernamental, ya sea para el turismo o para dependencias oficiales. El eufemismo que utilizan los funcionarios estatales para referirse a estos hechos es el de "extracción forzosa".
En los últimos años han trascendido noticias de madres solteras con varios hijos que, ya sea porque el lugar donde residen se encuentra en riesgo de derrumbe o conviven hacinadas con varios miembros de su familia extendida, deciden ocupar estos lugares en desuso.
“Las ocupaciones ilegales en Cuba siempre han existido y los desalojos también porque esas personas sí eran extraídas como pasa, aunque en menor medida, con las personas declaradas convivientes ilegales en una vivienda, pero en esos casos solo eran extraídos por la policía si, de acuerdo a lo que decía la ley, eran considerados personas antisociales o personas peligrosas”, indicó a Martí Noticias el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.
“Después de la entrada en vigor del Código Penal, en diciembre 2022, el Tribunal Supremo emitió un instrucción en la que se permite, sin necesidad de impulsar un proceso administrativo en la Vivienda, denunciar a las personas, los ocupantes ilegales como básicamente usurpadores de inmuebles, lo cual constituye un delito sobre la base de lo dispuesto en el Código Penal vigente y una vez presentada la denuncia, la policía tiene que instruirlos de cargos, detenerlos y en algunos casos, extraerlos del inmueble”, advirtió el experto.
En ese proceso se encuentra actualmente Esmary Despaigne, madre de dos niñosa residente en el municipio Cerro, en La Habana.
“Estoy bajo fianza porque la dueña de la casa donde me colé murió y su sobrina me acusó de ocupación ilegal y de robo y tuve que salir a los once días y volver a donde vivía antes, un lugar que está inhabitable e irreparable”.
“He ido a todos lados. En 2018 solicité la asignación de un terreno y estamos en el 2024 y nunca he recibido respuesta. A mí me parece lo que están esperando es que el techo caiga arriba de mis hijos”, lamentó la mujer.
De acuerdo al jurista, “en el caso de las instalaciones estatales, esa extracción, esos desalojos, se producían mucho más rápido, en comparación con las viviendas particulares”.
Yenifer Hernández, de 34 años, está viviendo, desde 2020, en un local del Estado ubicado en Monte y Zulueta en La Habana Vieja. “No pasó más nada. Lo que estoy es ilegal. No se puede legalizar porque dicen que es del Estado y que yo me metí a la fuerza. Para legalizarlo hay que pagar por fuera y yo no tengo dinero. Pero nadie me va a sacar porque yo tengo dos niños aquí”, uno de 4 y otro de 11 años.
Con las esperanzas puestas en Dios, está Aylin Arjona, quien ocupa un local de la Empresa de Comercio en el municipio capitalino La Lisa desde 2020. “Cada vez que voy al Gobierno no tienen respuesta, solo, que yo estoy ilegal. Cuando fui la última vez, me mandaron con la vicepresidenta y ella dice que, como mis niños son nacidos aquí en La Habana y yo llevo ya casi 4 años en el local, que he arreglado, yo sí tengo derecho”, relató a nuestra redacción la madre de cuatro pequeños, la mayor de 10, el segundo de 7, y dos jimaguas de 4 años, uno de los cuales tiene un padecimiento gástrico severo.
“Yo fui a ver al director de Comercio, me respondió que no soy trabajadora de la entidad y que no tengo ningún derecho del local y que ellos van a reclamarlo”, contó la mujer y precisó que, tras intentar sacarla del lugar en mayo de 2020, “todo se tranquilizó y no la han vuelto a molestar”.
Un video divulgado en Facebook muestra el maltrato de la policía contra esta familia. Después del intento de “extracción” durante el cual, ella y su madre fueron detenidas: “a mi mamá, la visitó el periodista del Consejo de Estado que le dijo que por las entrevistas que yo di, el país había quedado en una mala imagen pero que mi caso lo iban a solucionar lo más pronto posible, que lo que necesitaban era que ella diera una entrevista para que el país no quedara mal. Mi mamá, de ingenua, la dio. No han venido más a molestarnos, pero tampoco nos han dado solución”, manifestó la joven de origen bayamés.
Dianelis Álvarez es parte de un grupo de seis madres de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, que se presentaron ante la sede del Consejo de Estado, luego de quedarse sin vivienda por el huracán Ian y ocupar una escuela del municipio.
“A nsotras nos ofrecieron lo que llaman ‘facilidad temporal’, yo me acogí a una, pero todavía hay cuatro madres que siguen viviendo en la escuela. No aceptaron la opción que nos dieron pero las van a sacar porque ellos desde el primer momento dijeron que hay que salir de ahí”, indicó la madre de dos niños, de 5 y 10 años.
“A mí me dieron unas tablas y unos palos, de mala calidad, y pude levantar mi casita; me dieron unos sacos de cemento y eché un piso rústico, un bañito para bañarme, las necesidades las hago afuera. Pero cuál es mi esperanza, si mi mamá sufrió un derrumbe total en 2002 y todavía está viviendo en una facilidad temporal. Un cuento para nunca acabar!”, expresó.
La incapacidad del Estado de remediar la dificultad solo les deja tres opciones a las personas sin recursos económicos: dormir en la calle, que se les desplome la casa encima o ir presos.
“El problema de la ocupación ilegal de terrenos o locales estatales en Cuba no puede ser abordado solamente desde la perspectiva de la sanción, del desalojo, o de la aplicación del Código Penal”, subrayó Yaxis Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
“Hay que ir a las causas del problema. Muchas familias que no tienen un lugar donde vivir por la escasez de viviendas, a pesar de que fue una de las grandes promesas de la revolución cubana, por eso llevaron a cabo expropiaciones, la Reforma Urbana, etcétera, pero eso ha quedado en nada”, recalcó.
Para el especialista "la situación de la vivienda hoy es gravísima, no solamente por el tema de los derrumbes que más del 10% de las viviendas en Cuba están en peligro de derrumbe, sino por el tema de la propiedad en sí. Un estudio que hicimos en el 2020 arrojaba que en torno al 7% de las personas consultadas vivían en asentamientos o en viviendas ilegales. Es decir, construidas sobre terrenos para los cuales no tenían permiso o que estaban ocupando espacios de manera ilegal o informal”.
En diciembre de 2018 fue presentada en el Parlamento la Política de la Vivienda en Cuba. Las autoridades dijeron que con ella atenderían los problemas y evaluarían los “avances”. A finales de 2023, reconocieron que había un déficit de más de 800 000 viviendas. Apenas se habían construido 127 345 y se habían reparado 106 332.
Habitar un inmueble con graves problemas estructurales
En el edificio ubicado en San Lázaro #464, entre Campanario y Perseverancia, en el municipio Centro Habana, los vecinos viven preocupados por la acumulación de aguas albañales en el sótano del inmueble.
Un vecino de ese inmueble, que pidió permanecer como una fuente anónima, dijo a Martí Noticias que, a pesar de comunicar la situación a las entidades competentes, la solución aún está pendiente.
“Sí hay problema grave de las aguas albañales y hay que drenar un día sí, y un día no y está en peligro, que coja el nivel de la electricidad y sea catastrófico. Hemos ido a las autoridades competentes a aguas negras del municipio y bueno, hay que esperar, hay que esperar”, dijo.
Para poder drenar las aguas negras del sótano donde se encuentran las instalaciones eléctricas y el almacenamiento de agua potable del edificio, los vecinos tuvieron que comprar una bomba de achique.
“Eso es porque están tupidas, las tuberías están tupidas y los servicios competentes en eso aguas negras no han podido todavía resolver el problema y corremos el riesgo que también se ligue con el agua potable, en el sótano donde está la cisterna”, dijo alarmado el vecino.
Según lo explicado por el residente, el inmueble ocupado por 28 familias entre ellas ancianos, recién nacidos y personas enfermas, ha permanecido con su sótano inundado por años, donde se pueden ver criaderos de mosquitos.
En la red social ex un internauta que se identifica como arquitecto, Julio Herrera, posteaba videos sobre la crítica situación en el edificio casi centenario, construido en 1926.
“Sin mantenimiento, esa es la otra, tal vez una pintura cada 10 años. La parte hidráulica, eso nunca se ha tocado”, comenta el vecino.
Por otra parte, con daños considerables y en peligro de derrumbe se encuentra el edificio ubicado en Zulueta 509, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja.
Sarah Breñas, expresó a Martí Noticias la situación en que se encuentra. “En mi caso yo tengo el piso, todo cuarteado, las paredes...hay otros apartamentos que están mucho más mal todavía. Las paredes están separadas, aproximadamente de 5 a 10 cm”.
El edificio multifamiliar ha recibido dos impactos que han deteriorado su estructura. La explosión del Hotel Saratoga, ubicado en la misma manzana y el derrumbe de la fachada del edificio de al lado, ubicado frente al Teatro Martí.
“Cuando lo del Hotel Saratoga vinieron las autoridades y estuvieron en el edificio, pero bueno todavía en esos momentos no había el lugar donde evacuar a las personas porque eso era lo que plateaban los arquitectos", dijo Breñas.
Aunque las autoridades, incluida la Oficina del Historiador de La Habana, se han presentado en el lugar queda pendiente una solución afirmó la residente de Zulueta 509, quien señaló que a raíz de la explosión en el Hotel Saratoga hubo apartamentos que quedaron afectados y que incluso tres familias fueron evacuadas, mientras otras tres continúan esperando poder hacerlo.
En opinión de la habanera, la incertidumbre sobre el tiempo de permanencia en los refugios complica la situación para los residentes afectados, quienes corren un alto riesgo dentro de un edificio con daños estructurales.
“El problema es las condiciones del albergue. El albergamiento aquí uno no sabe, puedes ir para un albergue, pero sabes cuándo vas, pero no sabes cuándo sale”, afirmó.
Se estanca la construcción y reparación de viviendas
La construcción y reparación de viviendas en Cuba está prácticamente en pausa, así como la entrega de subsidios para adquirir materiales de la construcción, confirmaron a Martí Noticias varios constructores privados desde la isla.
En la ciudad de Santa Clara, en el Consejo Popular José Martí, se han efectuado varias reuniones de vecinos con funcionarios gubernamentales con el propósito de resolver el déficit de materiales, pero allí no aparecen los productos necesarios para reparar o construir viviendas, dijo el maestro de obra Guillermo del Sol.
El también periodista independiente explicó que en Villa Clara está totalmente paralizada la entrega de subsidios para adquirir materiales, y que lo poco que aparece, solo está en manos de los vendedores privados, por medio de las MIPYMES, y con precios astronómicos.
Para las personas, a quienes el Estado les subsidia el costo de los materiales de construcción, "prácticamente no está entrando nada, no entra techo, no entra cemento, no hay una losa de piso y ya llevan más de tres meses que eso está paralizado", afirmó Del Sol.
"En la construcción ya hay MIPYMES donde el cemento se vende a 4.ooo pesos la bosla. Lo mismo pasa con las losas de cerámica, con los porcelanatos, que se lo compran por cantidad a las empresas estatales y después los precios los ponen por las nubes, especulan todo lo que quieren", dijo el constructor.
Para Rodolfo Gregory, presidente de la asociación de cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba (PEMEMCUB), es casi imposible en la actualidad realizar reparaciones y construcción de viviendas particulares. Desde su experiencia, no hay ningún tipo de apoyo de los organismos estatales.
Para construir una casa en Cuba se necesitan más de dos millones de pesos, estimó el constructor.
"Aquí lo que tiene solución es la construcción de hoteles, pero lo que es viviendas particulares no tiene solución", advirtió Gregory.
PEMENCUB fue fundada en el 2011, por diversos cuentapropistas en La Habana, con el objetivo de defender los derechos de los emprendedores.
Antonio Font, vicepresidente de esa cooperativa de constructores, aseguró que la prioridad del gobierno es la hotelería en el sector turístico, que es donde ponen los recursos.
“El Estado no le proporciona a nadie materiales de construcción, todo lo que aparece es en bolsa negra. Ellos no quieren que la gente salga a flote, no quieren que la gente se desarrolle, ellos prefieren tener un pueblo lleno de necesidad y miseria para tener mejor control sobre él”, opinó el emprendedor.
El periodista independiente Vladimir Turró ha realizado varios reportajes sobre personas que habitan en locales y edificios propiedad del Estado, como solución tentativa a la falta de vivienda.
En sus investigaciones ha constatado que la situación en la mayoría de estos albergues es crítica y también insuficiente, porque no alcanza para alojar a la cantidad de personas necesitadas de una vivienda.
"Estamos hablando de construcciones que están en pésimo estado constructivo, no cuentan con las mínimas condiciones para vivir un ser humano", afirmó.
El periodista señaló que los subsidios para la compra de materiales no existen. "Ahora vas a los gobiernos municipales y te dicen que no cuentan con los recursos necesarios, que te avisarán, y en fin, se torna una espera, estamos hablando de una espera de varios años".
"El pueblo de Cuba no puede esperar que sea el régimen quien le resuelva la situación de vivienda", concluyó el comunicador.
En el último trimestre de 2023, la Presidencia cubana y la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) dijeron que el crónico déficit habitacional en la isla supera las 800.000 viviendas.
Un informe de la Presidencia cubana de 2021 aseguraba que el fondo habitacional cubano ascendía a 3,9 millones de casas.
Autoridades de la Dirección de la Vivienda del Ministerio de la Construcción han reconocido un "retroceso" en la política nacional para la construcción de viviendas y que "no se han materializado las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción, ni el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad".
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