Amnistía Internacional, en una carta abierta a la Novena Cumbre de las Américas, destacó la importancia de suscribir un Pacto Migratorio porque “múltiples crisis de derechos humanos” en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití están provocando “el movimiento de miles de personas en todo el continente”.
La carta lamenta que muchos Estados de las Américas “emprendieron esfuerzos para socavar los derechos humanos, reprimir manifestaciones pacíficas, amedrentar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y poner en peligro la independencia judicial, en un intento por silenciar las voces disidentes”.
“Ante este escenario”, dice, “la región sigue albergando algunos de los movimientos transfronterizos de personas más grandes del mundo”.
El texto precisa que “la mayoría de estos movimientos de personas son el resultado de las múltiples crisis de derechos humanos, tales como la prolongada crisis en Venezuela, que ha expulsado a más de seis millones de personas buscando protección internacional; o la persecución de personas por motivos políticos en Nicaragua y Cuba; o de la situación humanitaria en Haití, que provoca el movimiento de miles de personas en todo el continente; o la situación de violencia generalizada, a la que se han sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, propiciando que decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente”.
A pesar de esos problemas, varios Estados de la región están respondiendo con "políticas restrictivas y muchas veces inhumanas”, y “la militarización" de las fronteras se ha convertido en una constante.
A fin de poner en contexto “la apremiante situación”, Amnistía Internacional recuerda que “sólo el año pasado, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), al menos 650 personas perdieron la vida tratando de cruzar la frontera de México y Estados Unidos, siendo el número más alto desde 2014. Además, también en el 2021, bajo pretexto de normas de salud pública, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos llevó a cabo de forma conjunta con autoridades mexicanas la devolución sumaria, innecesaria e ilegítima de casi 1.5 millones de personas refugiadas y migrantes, entre quienes estaban miles de personas menores de edad no acompañadas”.
“Las autoridades mexicanas recluyeron en condiciones de confinamiento al menos a 252.526 personas en centros de detención migratoria. En dichos establecimientos se incumplieron las medidas básicas de higiene y se deportaron al menos a 101.571 personas procedentes en su mayoría de Centroamérica, entre ellos miles de menores no acompañados”, dice la declaración.
“En el caso particular de Venezuela”, añade el texto, “la organización considera que el éxodo de más de seis millones de personas es una de las expresiones más claras y demostrativas de la profunda crisis de derechos humanos que soporta el país”.
Es imperioso que la respuesta de los Estados en el continente se centre en garantizar la protección de derechos humanos, afirma Amnistía. “El Pacto Migratorio debe ser una herramienta de colaboración y coordinación regional capaz de dar soluciones efectivas y duraderas en el tiempo. No hacerlo sería desconocer la realidad de millones de personas que buscan protección internacional, siendo en muchos casos, la única forma de garantizar condiciones mínimas de dignidad y acceso a derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la seguridad”.
En ese sentido, Amnistía Internacional hace un urgente llamado a los jefes de Estado de las Américas para que “adopten medidas coordinadas que permita proveer de protección a las personas migrantes y refugiadas en los países de la región, teniendo en consideración enfoques diferenciados para la atención específicas de grupos en riesgo, como niñas y niños migrantes no acompañados, mujeres y niñas, personas LGBTI, entre otros”.
De igual forma, “urge a las autoridades de los Estados a instalar y fortalecer las capacidades de infraestructura y respuesta ante estos flujos migratorios transfronterizos a fin de contar con una respuesta regional coordinada, articulada y sostenida en el tiempo. Lo anterior, significaría una respuesta integral ante las necesidades de miles de personas en busca de protección internacional y una apuesta significativa en favor de los derechos humanos”.
