China está reprimiendo "cualquier tipo de debate y conmemoración" de la masacre de la plaza de Tiananmén, señaló la ONG Human Rights Watch.
El gobierno ha encarcelado en China y Hong Kong “a quienes han tratado de honrar la memoria de las víctimas”, al tiempo que “se niegan a reconocer su responsabilidad en los asesinatos masivos” del 4 de junio de 1989 o a “proporcionar reparación” a las víctimas y sus familias.
"El gobierno chino está tratando de borrar la memoria de la masacre de Tiananmén en toda China y Hong Kong", dijo Maya Wong, directora interina para China de Human Rights Watch. "Pero 35 años después, el gobierno ha sido incapaz de extinguir las llamas del recuerdo de quienes lo arriesgan todo para promover el respeto de la democracia y los derechos humanos en China."
El 3 de abril, Xu Guang, líder estudiantil de 1989, fue condenado a cuatro años de prisión por "provocar peleas y problemas" después de que exigiera que el gobierno chino reconociera la masacre de Tiananmén y sostuviera un cartel pidiendo reparación en una comisaría de policía local en mayo de 2022. Según los informes, Xu fue torturado, encadenado y maltratado durante su detención.
Human Rights Watch agregó que las Madres de Tiananmén, un grupo de familiares de las víctimas, informaron que una de sus fundadoras, Zhan Xianling, “está bajo vigilancia con guardias fuera de su casa”. Otros activistas relacionados con el movimiento democrático de 1989, como Pu Zhiqiang, un abogado de derechos humanos que había sido un representante estudiantil en Tiananmén, y Ji Feng, un líder estudiantil en Guizhou, están “bajo una estricta vigilancia policial o han sido sacados de sus hogares”.
Los días 28 y 29 de mayo, la policía de Hong Kong arrestó a siete personas, entre ellas la abogada y activista Chow Hang-tung, ya detenida, y su madre de 65 años, por supuestas publicaciones "sediciosas" sobre una "próxima fecha sensible".
Chow fue uno de los organizadores de la vigilia anual de Tiananmén en Hong Kong con la ahora disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China. Estas fueron las primeras detenciones en virtud de la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional recientemente adoptada por la ciudad, conocida como "Artículo 23", que castiga la expresión pacífica y el activismo de la sociedad civil con duras penas de prisión, precisó Human Rights Watch.
En enero, el Tribunal de Apelación de Hong Kong anuló la absolución de Chow. Había sido absuelta del cargo de "incitar a otros a participar en una reunión no autorizada" en diciembre de 2022. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha determinado que el arresto de Chow fueron arbitrario y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.
Chow y otros dos miembros de la Alianza de Hong Kong también se enfrentan a posibles cadenas perpetuas por cargos de "incitar a la subversión" en virtud de la draconiana Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y están a la espera de una fecha de juicio.
En noviembre de 2023, las autoridades de Hong Kong no renovaron la visa de trabajo de una profesora de historia canadiense-china, Rowena He. Posteriormente, la Universidad China de Hong Kong la despidió. Es autora de “Exiliados de Tiananmén: voces de la lucha por la democracia en China”, que las autoridades retiraron de las bibliotecas públicas de Hong Kong en mayo de 2023.
El gobierno chino ha ignorado durante mucho tiempo “los llamamientos nacionales e internacionales para que se haga justicia por la masacre de Tiananmén”.
Algunas de las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos impusieron en su momento se han debilitado o evadido a lo largo de los años, indicó la ONG. “La falta de una respuesta internacional sostenida y coordinada a la masacre de Tiananmén y la consiguiente represión han contribuido a las violaciones de derechos humanos cada vez más flagrantes de Pekín”.
Estos incluyen “crímenes de lesa humanidad contra uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, la imposición de dos leyes de seguridad nacional en Hong Kong que han suprimido las libertades de la ciudad, protegidas durante mucho tiempo, la profundización de la represión en el Tíbet y la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el país”.
Los abusos en gran medida “descontrolados y cada vez más numerosos” del gobierno chino a través de sus fronteras, incluido su papel en el secuestro de activistas chinos que viven en el extranjero, sus exportaciones de sistemas de vigilancia y sus esfuerzos por socavar los mecanismos de derechos humanos de la ONU, “amenazan cada vez más los derechos humanos en todo el mundo”.
La masacre de Tiananmén fue precipitada por las reuniones pacíficas de estudiantes, trabajadores y otras personas en la plaza de Tiananmén de Beijing y otras ciudades chinas en abril de 1989, pidiendo libertad de expresión, rendición de cuentas y el fin de la corrupción. El gobierno respondió a la intensificación de las protestas a finales de mayo de 1989 declarando la ley marcial.
El 3 y 4 de junio, soldados del Ejército Popular de Liberación dispararon y mataron a un número incalculable de manifestantes pacíficos y transeúntes. En Beijing, algunos ciudadanos atacaron convoyes del ejército y quemaron vehículos en respuesta a la violencia del ejército, informó Human Rights Watch.
“Tras los asesinatos, el gobierno llevó a cabo una campaña de represión en todo el país y arrestó a miles de personas por contrarrevolución y otros cargos penales, incluidos incendio provocado y alteración del orden social”, denunció la ONG.
El gobierno “nunca ha aceptado” la responsabilidad por la masacre ni ha responsabilizado legalmente a ningún funcionario por los asesinatos. No ha estado dispuesto a investigar los hechos ni a divulgar datos sobre las personas asesinadas, heridas, desaparecidas forzadas o encarceladas. Las Madres de Tiananmen documentaron los detalles de 202 personas que fueron asesinadas durante la represión del movimiento en Beijing y otras ciudades, añadió.
Según Human Rights Watch, en el 35º aniversario de la masacre de Tiananmén, el gobierno chino debe tomar las siguientes medidas:
- Respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y poner fin al hostigamiento y la detención arbitraria de quienes cuestionan la versión oficial de la Masacre de Tiananmén;
- Reunirse con los miembros de las Madres de Tiananmén y pedir disculpas a ellos, publicar los nombres de todos los que murieron o fueron encarcelados injustamente, e indemnizar adecuadamente a las familias de las víctimas;
- Permitir una investigación pública independiente sobre la masacre y sus consecuencias, y publicar sin demora los hallazgos y conclusiones;
- Permitir sin condiciones el regreso de los ciudadanos chinos que fueron exiliados debido a sus vínculos con los acontecimientos de 1989; e
- Investigar a todos los funcionarios gubernamentales y militares que planificaron u ordenaron el uso ilegítimo de fuerza letal contra manifestantes y enjuiciarlos adecuadamente.
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