El joven cubano José Armando Torrente Muñoz, condenado a 14 años y diez meses de cárcel por protestar en 2022 en el poblado de Nuevitas, Camagüey, reveló detalles del día en el que la Policía lo detuvo junto a otros de los manifestantes.
“Se cumplen dos años del comienzo del abuso con nosotros", dijo el preso político.
Según su testimonio, los agentes lo trasladaron a la estación después de propinarle una fuerte golpiza. "Me dejaron como dos horas sentado en un pasillo. Estaba sangrando por la nariz y por un oído que me habían cortado a golpes”.
En la madrugada lo llevaron para el cuartel de bomberos de la localidad, “esposado todo el tiempo”.
"Dormí sentado en el comedor de los bomberos de Nuevitas la noche entera, hasta las seis de la mañana. Todo ese tiempo sin poder avisarle a mi familia dónde yo estaba”, apuntó.
“Fue terrible, nosotros teníamos miedo. Tuvimos que hacer el viaje de Nuevitas a Camagüey, a la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, en el piso del carro".
Torrente Muñoz, de 36 años, recibió una sanción conjunta de 14 años por "sedición" (12 años de privación de libertad), "atentado" (dos años) y "resistencia" (diez meses).
Torrente Muñoz también se refirió a las precarias condiciones que enfrenta en esa prisión de Kilo 9, donde cumple la condena, así como al acoso que sufre por su posición política por parte de las autoridades penitenciarias por negarse a la rehabilitación ideológica, además de la pésima alimentación, la falta de medicamentos y de atención médica especializada.
En el mes de abril de 2024, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó las sentencias firmes contra catorce participantes en las manifestaciones antigubernamentales en agosto de 2022 en el poblado de Nuevitas.
José Armando Torrente Muñoz se unió al grupo de cubanos y cubanas que el 18 de agosto de ese año, en el barrio de Pastelillo, exigieron el fin de los apagones y ¡Libertad!, entre otras consignas como "Patria y Vida".
Catorce de estos manifestantes pacíficos fueron condenados a largos años de cárcel, entre ellos, Mayelín Rodríguez Pardo. quien recibiera la sanción más alta: quince años de privación de libertad por hacer públicas las protestas en redes sociales.
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