Tres nuevas personas encarceladas por motivos de opinión incrementaron la cifra de presos políticos en Cuba a 1.119 en el mes de julio, de acuerdo al informe mensual de Prisoners Defenders. La organización reveló que casi dos mil cubanos han sido encarcelados desde las manifestaciones del verano de 2021.
Al cierre del mes, se mantienen tras las rejas 30 menores, 29 varones y una hembra, “en centros de carácter totalmente penitenciario”, que el régimen denomina “Escuelas de Formación Integral”, pero dependen del Ministerio del Interior, no del de Educación.
Aún continúan 119 mujeres recluidas por razones políticas, incluidas las que están en libertad condicional y libertad limitada; y dos transexuales que cumplen prisión en establecimientos para hombres.
Unos 324 presos políticos padecen graves patologías que no son atendidas, debidamente, denunció la ONG.
La institución, con sede en Madrid, destacó los casos de Carlos Michael Morales, que, tras cumplir su sentencia por su participación en las manifestaciones del verano de 2021, recibió una nueva condena, “arbitraria y fabricada”, de ocho meses de prisión domiciliaria.
El presidente del Tribunal municipal de Caibarién, Sandro Rodríguez, ha amenazado a Morales con enviarlo a prisión cerrada si no se registra para laborar en un centro estatal, “lo cual constituye un claro indicador de trabajo forzoso, que constituye una de las formas contemporáneas de esclavitud”, indica el informe.
También remarca los procesos penales celebrados al activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), Mario Alberto Hernández Leyva y Yasser Rivero Boni, ambos doblemente victimizados por las agresiones que han sufrido por parte de los mandos penitenciarios.
En virtud del tercer aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021, Prisoners Defenders subrayó en su recopilación que totalizó 1.731 presos políticos desde esa fecha hasta la actualidad.
Asimismo, resalta que en la isla sigue imperando “la miseria, la represión, el miedo de sus ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de ciudadanos cada mes y el dolor de las familias y los presos”.
La organización reconoce más de 11 mil civiles, jóvenes y afrocubanos en su mayoría, que no pertenecen al movimiento opositor, que están cumpliendo penas de entre dos años y diez meses, sin haber cometido delito alguno, ni siquiera en grado de tentativa.
Con la aprobación del nuevo Código Penal, se anuló el índice de estado peligroso, pero se conserva intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito, aprobando que “la autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.
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