Los abogados de la Corriente Agramontista de Cuba, residentes en la isla, se han ofrecido a presentar escritos de hábeas corpus a favor de los detenidos en las manifestaciones populares que estallaron el 11 de julio en varias regiones de Cuba y han manifestado su disposición de prestar todo el asesoramiento legal a las familias afectadas.
En un comunicado fechado el 16 de julio de 2021 y enviado a Radio Televisión Martí, los juristas Serafín Martínez; René Gómez Manzano; Maybell Padilla Pérez; Yuniesky San Martín Garcés; Hildebrando Chaviano Montes; Lázaro G. Godínez González; Eduardo Ortiz Ramírez y Roberto de Jesús Quiñones Haces condenan "los planes anunciados por el régimen castrista para utilizar los instrumentos del derecho como herramienta esencial en la represión de los ciudadanos que han expresado su inconformidad con el sistema".
La agrupación de abogados denuncia la represión brutal, las golpizas sistemáticas, el empleo de armas de fuego contra personas desarmadas y el uso, abuso y manipulación de los instrumentos del derecho. También menciona a "numerosos ciudadanos que se encuentran virtualmente desaparecidos".
De igual modo critica a la Fiscalía General de la República por intentar amedrentar a los televidentes con posibles sanciones penales con una duración de varios decenios para "aterrorizar a posibles protestantes futuros, y hacerlos renunciar a su legítimo derecho a expresarse pacíficamente contra una situación nacional con la que ni remotamente están de acuerdo".
"También se violentan los principios jurídicos al anunciar la pretensión de sancionar por la comisión de un supuesto delito de “instigación a delinquir”; en vista de lo que realmente sucedió, esto equivale a la pretensión a criminalizar la emisión del pensamiento, con lo cual se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y hasta la propia Constitución cubana. Lo mismo puede decirse del anuncio de penar el hecho de organizar las protestas, cuando resulta evidente que ellas surgieron de modo espontáneo; y si hubiese que hallar un responsable, habría que buscarlo entre las mismas autoridades castristas, por su actuar irresponsable y anti popular. Por último, consideramos una enormidad que se amenace con esgrimir, como elemento incriminatorio, el uso de la consigna “Patria y Vida” por parte de algunos encartados", agrega la declaración.
Los abogados llaman la atención sobre violaciones del derecho de propiedad y algunos otros delitos comunes que hayan podido realizar determinados ciudadanos y advierten que "ese tipo de actividades delictivas en las que hayan podido incurrir algunos compatriotas inconscientes, tendría un carácter totalmente marginal, y no empañaría en absoluto la importancia histórica de la valiente ola de protestas que ha sacudido nuestra Patria. Contra esos ciudadanos sí existirían elementos para procesarlos, pero de manera serena y adecuada, como cuadra al “estado de derecho” que, según la actual Constitución, es Cuba hoy. No con feroces amenazas televisivas ni ofrecimientos de imponerles penas brutales".
Esta semana la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR por sus siglas), alertó en un comunicado que en los juicios sumarios contra manifestantes del levantamiento nacional del 11 de julio los acusados no cuentan con representación legal.
Una denuncia similar ha hecho la organización Human Rights Watch: "Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. Calles altamente militarizadas. Cientos de manifestantes detenidos. Ya han comenzado a juzgar a varios con procesos sumarios que no permiten derecho a la defensa. Muchos activistas y periodistas bajo prisión domiciliaria".
El grupo Cuban Prisoners Defenders denunció que "los juicios sumarios, sin abogados ni posible defensa, se están produciendo simultáneamente en número de 10 acusados, e incluso hemos conocido casos de 30 acusados simultáneos. Estamos hablando de cientos de personas procesadas, si no miles. Una gravedad extrema".
