El Subcomité de Derechos Humanos Parlamento Europeo llevó a cabo este martes una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en la que participaron Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, y el expreso político, José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En su intervención de forma remota, Payá dijo que el régimen de Cuba “ha sumido a los cubanos en el hambre, la miseria y el abandono y que la represión política y la violencia son sistemáticas”.
“A pesar del combustible que todavía se envía desde Venezuela y desde Rusia, el sistema energético ha colapsado a nivel nacional múltiples veces en los últimos seis meses y el Estado simplemente no es capaz de producir y distribuir energía para abastecer la demanda nacional. La escasez de alimentos y el hambre es la queja más repetida de la ciudadanía. Muchas familias no pueden garantizar ni tan siquiera una comida al día. Los servicios de salud y transporte en muchos lugares han colapsado”, dijo la activista.
Payá mencionó el caso del niño Damir Ortiz Ramírez, de 10 años, quien falleció el sábado en Miami luego de ser mal diagnosticado y tratado en la isla añadiendo que su madre responsabilizó por la situación “al abandono y la negligencia de la salud pública en la isla”.
La fundadora de Cuba Decide dijo que los defensores de derechos humanos están entre el grupo más vulnerable ya que su labor es criminalizada y que en las cárceles los prisioneros políticos sobreviven en condiciones inhumanas.
Asimismo declaró que “el régimen ha sumido a los cubanos en el hambre, la miseria y el abandono y la represión política y la violencia son sistemáticas”.
“Los miembros de esta comisión podrían pensar que la crisis en Cuba se debe a que el país se quedó sin divisas, pero la realidad es que las divisas y los recursos del pueblo cubano han sido saqueados por los militares en el poder. Investigaciones recientes revelaron que GAESA, el conglomerado militar que maneja la mayor parte de la economía cubana, tiene al menos 4,5 mil millones de euros en bancos extranjeros”, dijo Payá.
La activista solicitó al Parlamento Europeo “solidaridad y acción para activar de inmediato el protocolo de violación de elementos esenciales del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación” entre la Unión Europea y Cuba, que se “suspenda su implementación hasta que haya avances verificables en derechos humanos en Cuba y detener todo financiamiento europeo a entidades del régimen cubano hasta que se confirme el inicio de un proceso de transición democrática en la isla”.
Por su parte, en un video pregrabado, Ferrer calificó de grave la situación de los derechos humanos en la isla.
“Cuba sigue siendo la nación del continente americano donde más se violan los derechos humanos y donde menos libertad existe. Sensenta y seis años bajo un régimen policial de partido único, enemigo de occidente y aliado de las peores dictaduras del planeta”, dijo.
Como ejemplo mencionó que el régimen cubano figura entre quienes apoyan abiertamente la invasión de Rusia contra Ucrania, que “ha jugado un rol destacado en la consolidación del autoritarismo en Venezuela y Nicaragua”, que apoya a todo líder de extrema izquierda que tenga un proyecto antidemocrático y que “no oculta sus simpatías con movimientos terroristas como Hamás y Hezbolá".
Además, calificó de “engañoso” el proceso de excarcelaciones que tuvo lugar recientemente, añadiendo que “quedaron en las peores prisiones del continente unos 750 presos políticos”, que sobreviven en condiciones infrahumanas, pésima y escasa alimentación y escasa o nula atención médica”.
Ferrer dijo que los que fueron excarcelados luego del 16 de enero, incluyéndolo a él, enfrentan constantes amenazas de ser devueltos a prisión por su activismo político y humanitario.
El activista dijo que “en la medida en que la miseria y el hambre aumentan por todo el país, la tiranía incrementa la represión y la censura para que la población viva con permanente temor y completamente paralizada”.
Asimismo, expresó que Cuba “vive una profunda crisis política, económica y social” y que es necesaria una política más firme hacia “el mayor enemigo de la democracia y los derechos humanos en el continente”.
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