Tras la fuerte represión en contra de artistas, intelectuales y periodistas independientes afiliados al Movimiento San Isidro, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, teme que "el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva Primavera Negra" que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes.
En 2003, en lo que se denominó la Primavera Negra, el régimen del dictador Fidel Castro frustró una convocatoria a favor de la libertad de expresión condenando a la cárcel a 75 disidentes, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes.
Todos fueron sometidos a juicios sumarios y sentenciados a penas de entre 6 y 27 años de prisión, tras acusarlos de violar la Ley 88 (ley mordaza) que castiga a quienes supuestamente conspiren con ayuda extranjera contra la independencia nacional y la economía.
Años después, la mayoría fue liberada gracias a la presión de las Damas de Blanco. La mayoría también fue forzada al exilio.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que "el gobierno de Cuba reprime, censura, encarcela y ahoga la voz de sus ciudadanos frente a una comunidad internacional silenciosa que parece haberse acostumbrado a las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla".
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras, agregó que la represión del Movimiento San Isidro tiene lamentables similitudes en sus orígenes y en su contención con aquella ola de violencia estatal en 2003, "por lo que tememos que el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva Primavera Negra".
Quince personas –entre ellas, los periodistas independientes Iliana Hernández, de CiberCuba; Esteban Rodríguez, colaborador de ADN, y Carlos Manuel Álvarez, de la revista literaria El Estornudo– fueron desalojadas por la fuerza el pasado jueves de una casa del barrio de San Isidro en la Habana Vieja, sede del Movimiento San Isidro (MSI).
Los activistas mantenían una protesta pacífica para pedir por la excarcelación del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por desacato.
Luego del desalojo, la Seguridad del Estado mantiene una estricta vigilancia en los domicilios de los disidentes, a quienes se les prohíbe salir de sus casas, arguyendo que pudieran propagar el Covid-19. Justifican tal acción acusando al periodista Álvarez de violar controles sanitarios desde que regresó del extranjero y se unió a la protesta.
El régimen también ha bloqueado Facebook, Instagram, Youtube, así como el acceso a medios internacionales tales como El Miami Herald y El Nuevo Herald, y el sitio de internet de la SIP.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet –director del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina–, dijo que "no es sorpresa para la SIP que la dictadura cubana obstruya e impida el derecho a la libertad de expresión, lo que desnuda más de 60 años de censura directa contra periodistas independientes y disidentes".
El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en un hecho sin precedentes, accedió a dialogar el viernes pasado con representantes del MSI que reclamaban por libertad de expresión y la excarcelación de Solís, entre otras peticiones. Sin embargo, horas después, Miguel Díaz-Canel negó el diálogo y acusó a los artistas y miembros del MSI de ser mercenarios al servicio de Estados Unidos y de crear un "show mediático".
