La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, llamó la atención el miércoles sobre el artículo de una investigadora de la organización según el cual el eslogan que usa el gobernante Miguel Díaz Canel, “Somos Continuidad”, significa en la práctica que Cuba seguirá siendo el único país del continente que niega acceso a los observadores independientes de derechos humanos.
“En septiembre reiteramos nuestras múltiples peticiones de entrar en Cuba, y el embajador de Cuba ante la ONU nos dio una respuesta: ‘Amnistía Internacional no ingresará en Cuba, no necesitamos sus consejos', escribió en el Anuario CIDOB 2019 Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional.
CIDOB es una publicación del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona, en España. “Preferimos sentarnos con los gobiernos y escuchar su versión de los hechos”, indica Tillotson para dejar claro cuál es el estilo de trabajo de la organización que representa.
Ante la negativa de La Habana, recordó la investigadora, su forma de sortear el obstáculo fue entrevistar en 2017 en México a más de 60 cubanos que habían escapado de la isla y trataban de llegar por cualquier medio a Estados Unidos.
“El informe que redactamos a partir de esas entrevistas con cubanos y cubanas corrientes detallaba cómo seguían utilizándose cargos falsos de delitos comunes, y despidos por motivos políticos en empleos públicos, para silenciar a quienes criticaban, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país”, escribió Tillotson.
Luego hace un recuento de las primeras acciones de Díaz Canel al frente del gobierno, y subraya que parecen encaminadas a reforzar las redes de control sobre la libertad de expresión.
“En abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó fue el Decreto 349, una perspectiva distópica que pretende censurar a los artistas, quienes necesitarán autorización previa del Estado para trabajar o, de lo contrario, se exponen a ser sancionados”, destaca la analista.
Menciona las detenciones arbitrarias de los artistas que se atrevieron a protestar contra la ley y asegura que no hay nada nuevo en eso.
“Amnistía Internacional lleva documentando represión contra los artistas independientes en Cuba desde la década de los ochenta”, subraya la investigadora.
El año pasado, recuerda Tillotson, fue retirada del borrador de la nueva Constitución un capítulo que habría convertido a Cuba en la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y una nota progresista que sí llegó al referendo, el reconocimiento explícito del cambio climático como amenaza global, esta empanada por la práctica represiva.
“A menos que las autoridades dejen de encerrar a activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola por presunto desacato o falta de respeto a funcionarios públicos”, sentencia la investigadora, “o proporcionen a los cubanos y cubanas acceso a información para participar en políticas que afectan al medio ambiente, y hagan al poder judicial lo bastante independiente como para hacer cumplir derechos protegidos por la Constitución, resulta difícil imaginar cómo conseguirá la nueva Constitución traducirse en la práctica en una mayor protección de los derechos humanos”.
“Continuidad” para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y, a menudo, detención o pérdida del empleo, en lugar de diálogo, para cualquiera que desafíe al sistema estatal, añade.
“No obstante, dentro de este desgastado sistema, ‘continuidad’ es también la valentía de periodistas independientes y activistas de derechos humanos que se arriesgan, sufren detención y se atreven a mirar a través de las frías líneas divisorias de la ideología política para pensar en alternativas y cambio”, concluye la articulista.
