Ante el anuncio de excarcelación masiva en Cuba, la organización internacional por los derechos humanos Justicia Cuba (JC) solicitó este viernes al régimen cubano inspeccionar las cárceles de la isla.
En un comunicado de prensa emitido en México, el grupo dirigido por el abogado René Bolio pidió verificar las condiciones de encarcelamiento de los presos políticos, acceso a los expedientes judiciales y señaló que “el capricho de encarcelar y excarcelar a discreción” en la isla dista mucho de un verdadero estado de derecho.
En entrevista con Radio Televisión Martí, el Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, integrante de JC, dijo que la organización celebra la excarcelación de presos políticos y comunes, pero considera que el régimen cubano vuelve a encarcelar con la misma facilidad que ofrece los indultos.
“Aquí no veo una solución real de esto hasta que cambien las condiciones profundas que causan este tipo de situación de violación de los derechos humanos y de resistencia a un orden ilegítimo”, subrayó.
La cárcel en blanco y negro
Una información publicada este viernes en el diario estatal Granma anunció el indulto de 2,604 presos en cárceles cubanas.
El comunicado oficial asegura que “se analizó la edad y las enfermedades crónicas que algunos padecen”, en contradicción con las denuncias que emiten a diario activistas y defensores de derechos humanos en el país.
Tres casos que se ajustan a este criterio no fueron tenidos en cuenta por las autoridades cubanas en las anunciadas liberaciones: Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Armando Sosa Fortuny y Silverio Portal.
Cruz Miranda, integrante del grupo Damas de Blanco, fue condenada 1 año y 4 meses de prisión por un supuesto delito de Atentado, enviada a cumplirlos a Ciego de Ávila –a 400 km de distancia de su residencia en La Habana-, y recientemente devuelta a la capital con una lesión cutánea que ha requerido de una urgente hospitalización. Su estado ha empeorado en la sala de penados del hospital Salvador Allende, donde se encuentra recluida.
Sosa Fortuny tiene 75 años de edad, lleva 26 años en las ergástulas castristas, y a pesar de padecer varias enfermedades y haber sufrido una isquemia celebrar que le dejó inmovilidad parcial en el hemisferio izquierdo, permanece en el centro correccional La Empresita, en Camagüey.
Gutiérrez Boronat, Secretario Nacional del Directorio Democrático Cubano, considera que “hay una línea en la declaración del régimen que está diseñada para Armando Sosa Fortuny” – que ha cumplido 44 años en dos condenas.
“El régimen no quiere excarcelar a Sosa Fortuny porque es un símbolo de esta lucha. Cuando ellos mencionan a aquellos presos que han reincidido en ofensas, creo que eso lo han puesto precisamente para Armando Sosa Fortuny, ese es nuestro gran temor”, concluyó Gutiérrez Boronat.
Silverio Portal Contreras, activista de derechos humanos, 71 años de edad. Fue acusado en abril de 2018 bajo los supuestos delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. En una prisión habanera sufrió una trombosis que le paralizó el lado izquierdo.
El proyecto Estado de Sats ha denunciado reiteradamente que Portal carece de medicamentos y atención médica especializada.
La verdad contra el infierno
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en la voz de su líder juvenil, Carlos Amel Oliva desconfía de que haya liberaciones de este grupo, con 47 encarcelados por motivaciones políticas.
En entrevista con el colega Tomás Cardoso, en el programa Cuba Al Día, de Radio Televisión Martí, Amel Oliva detalló: “Creo que todos deberían de estar libres desde hace tiempo, no deberían haber sido nunca sancionados, a nuestros presos políticos, me refiero; pero limitándome a las exigencias del actual indulto, pues tenemos 38 que clasificarían para ser beneficiados con este indulto”, aseveró.
Según Oliva, estos 38 presos han cumplido ya más del 25 % de la sanción, por lo que aplican al punto referido en Granma en cuanto a “el tiempo extinguido de la sanción”.
Tal como ha dicho el diario oficial, “se excluyó sancionados por delitos de asesinato, violación, pederastia con violencia, homicidio, corrupción de menores, hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, así como por conductas relacionadas con las drogas, la sustracción de combustible, figuras agravadas del robo con violencia”.
Oliva concluyó que estos prisioneros pertenecientes a UNPACU “han sido sancionados por los delitos fabricados de peligrosidad social predelictiva, desacato, desorden público, que son los más frecuentes que utiliza la policía política para disfrazar de sanciones comunes, las sanciones políticas”.
