Periodistas independientes, activistas y otras voces críticas con las autoridades enfrentan un "panorama aterrador" bajo el nuevo Código Penal que entró en vigencia en Cuba el 1 de diciembre, alertó en un informe Amnistía Internacional.
La organización defensora de los derechos humanos señaló que la nueva legislación, aprobada en mayo pasado, "corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión" en la isla.
“Hace muchos decenios que las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal —o la amenaza de usarla— para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores”, dijo la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
Amnistía subraya que el nuevo código contiene varias disposiciones preocupantes para los derechos humanos, y entra en vigor mientras cientos de personas siguen en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021, y tras una ola de protestas populares contra los prolongados apagones, en octubre pasado, que también fueron reprimidas por las autoridades.
En su informe, Amnistía Internacional explica "cinco aspectos alarmantes del nuevo Código Penal":
- Conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace decenios para silenciar y encarcelar a activistas
- El nuevo Código Penal castiga a cualquier persona que “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento” del gobierno
- Criminaliza la recepción de fondos, lo que limita aún más las actividades de periodistas independientes y activistas
- Limita severamente la libertad de expresión en línea
- El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte para 23 delitos
La organización recuerda que, en medio de esta situación, Cuba vive, además, "una de las mayores olas de migración forzada" de su historia, que ha llevado a cientos de miles de personas a abandonar la isla para tratar de "construir una vida nueva con más libertad" en otro país.
“Seguiremos observando atentamente a las autoridades en 2023 y pidiendo a la comunidad internacional que condene con la máxima contundencia el uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia”, concluyó Guevara-Rosas.
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