En 2024 en Cuba persistió la criminalización de los defensores de derechos humanos, la libertad de expresión se vio aún más restringida y los cubanos tuvieron serias dificultades para acceder a alimentos y medicinas, subraya Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
La organizacion señala que “el suministro de canastas básicas de alimentos subsidiadas por el gobierno se redujo significativamente”, y los servicios de salud y el acceso a medicamentos se vieron gravemente limitados.
“Se restringió el acceso a la electricidad y al combustible, lo que provocó dificultades en la conservación de alimentos y la suspensión de los servicios de educación y salud”, dice el reporte. “Los cambios en la política económica y la reducción de los servicios sociales afectaron a las personas vulnerables, especialmente a los mayores de 65 años”.
Amnistía Internacional señala además que “en octubre entró en vigor la Ley de Comunicación Social, que restringió aún más la libertad de expresión”.
“Las autoridades continuaron calificando a activistas y periodistas de «delincuentes comunes, mercenarios y agentes extranjeros» y calificaron de «terroristas financieros y mediáticos» a los medios de comunicación independientes, periodistas y personas influyentes que critican las políticas estatales” apunta el informe.
El reporte subraya que “las autoridades sometieron a artistas, intelectuales y otras voces críticas a detenciones arbitraries”, y menciona los casos de la académica Alina Bárbara López detenidaarbitraria y violentamente cuando se dirigía a La Habana y el de Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco, detenida arbitrariamente en varias ocasiones, incluyendo una desaparición forzada de tres días en septiembre.
“Las tácticas represivas contra la disidencia incluyeron la criminalización y el acoso de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, cortes de internet y sanciones bajo la legislación de ciberseguridad. Las autoridades sometieron a activistas y defensores de derechos humanos, incluidos familiares de presos, a un acoso y una vigilancia alarmantes”, reporta el grupo de derechos humanos.
Amnistía Internacional cita a organizaciones de derechos humanos que informaron que “al menos 109 personas fueron detenidas por participar en protestas en 2024” y menciona el caso de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a15 años de prisión, por su participación en las protestas populares de Nuevitas, en Camagüey, en 2022.
Asimismo, reporta que “se observaron patronesalarmantes de violaciones de derechos humanos contra personas detenidas por disidencia contra el gobierno, incluyendo algunas prácticas que podrían constituir tortura.
El informe dice que “las mujeres, las personas LGBTI y los afrodescendientes continuaron sufriendo discriminación”.
“El feminicidio continuó sin estar reconocido como un delito específico en la ley. En julio, el gobierno aprobó un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de la violencia de género en el país. Activistas y organizaciones independientes reportaron 55 feminicidios hasta el 25 de diciembre”, reseña Amnistía Internacional.
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