El Pleno del Tribunal Constitucional anuló por unanimidad, este miércoles, la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre.
En uno de los fallos más rápidos de su historia, el Constitucional español ha dejado sin efecto el texto aprobado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que iniciaba el camino para romper con España, informa el diario El País en portada.
El tribunal considera que tanto la resolución independentista como su anexo vulnera cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatuto de Cataluña. La sentencia, de 33 páginas, no incluye ningún apercibimiento a altos cargos catalanes como había solicitado el Gobierno cuando pidió la suspensión cautelar de la resolución soberanista. El texto tampoco alude a la última reforma de la ley orgánica del Constitucional, que permite al tribunal suspender a los cargos públicos que incumplan sus resoluciones.
El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quería dejar zanjado el asunto antes del inicio, este viernes, de la campaña para las elecciones del 20 de diciembre, por lo que aunque la declaración del Parlament no estaba en el orden del día del pleno del tribunal de esta semana, a última hora se optó por incluirla. De los Cobos tomó la decisión después de garantizarse que había un amplio consenso a favor de anular la resolución independentista.
Los 11 miembros del tribunal consideran que la resolución independentista “desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía”.
Los magistrados se reunieron este martes y debatieron durante tres horas la propuesta de sentencia redactada por el magistrado Andrés Ollero, del sector conservador. Se introdujeron algunos cambios y de la sesión de este miércoles salió el fallo definitivo. El acuerdo para anular la declaración del Parlament se daba por seguro desde que se reunió el pleno y la gran duda era saber si este saldría delante de forma unánime, como finalmente ha sido, o con algún voto discrepante.
“En suma, la resolución pretende fundamentarse en un principio de legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña cuya formulación y consecuencias están en absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía”, advierten los magistrados. “Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado en el pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara”.
El tribunal, que tiene sobre la mesa asuntos como la ley del aborto desde hace más de cinco años, ha resulto este asunto con una celeridad inusitada: en tres semanas desde que los diputados de Junts pel Sí y la CUP aprobaron la resolución que aboga por desobedecer a las instituciones españolas e insta a la Generalitat a cumplir únicamente los acuerdos que surjan de la Cámara catalana.
Los propios magistrados, antes de analizar el fondo del recurso, defienden en la sentencia que han otorgado a este asunto “prioridad en su resolución” porque así lo exige la “trascendencia constitucional” del mismo.
