Un juez federal procesó el martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a sus dos hijos por supuesto lavado de dinero y por dirigir una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios.
El juez federal Claudio Bonadío también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández (2007-2015) hasta cubrir la suma de 130 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) y prohibió salir del país a la exmandataria y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el procesamiento que fue publicado por el Centro de Información Judicial en su página de Internet.
El magistrado indicó que no hay riesgo de fuga de los sospechosos y por ello no dispuso su prisión preventiva.
Este es el tercer procesamiento que suma la exmandataria desde que dejó el poder a fines de 2015. En otra causa a cargo de Bonadío está acusada de haber ordenado maniobras irregulares en el mercado cambiario que causaron un perjuicio económico al Estado y en una tercera otro juez federal la procesó por administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
Bonadío consideró en su fallo que la exdirigente peronista, de 64 años, es "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado... por ser funcionario público".
Los hijos que Fernández tuvo con su antecesor y fallecido marido Néstor Kirchner (2003-2007) también fueron señalados como jefes de la asociación ilícita, mientras que cuatro empresarios supuestamente beneficiados con obras públicas y explotación de áreas petroleras, entre otros negocios, como organizadores de la misma.
El juez embargó también por 130 millones de pesos (8.3 millones de dólares) a Máximo Kirchner, diputado nacional del opositor Frente para la Victoria, y por 100 millones (6.4 millones de dólares) a su hermana.
Fernández, que puede apelar la medida, ha denunciado que ella y sus hijos son víctimas de una persecución judicial y mediática.
Los procesados son sospechosos de haber integrado una organización que presuntamente recibió entre 2003 y 2015 dinero en contraprestación por el otorgamiento irregular de obra pública, licencias de juego y áreas petroleras que luego fue introducido en el circuito financiero con una apariencia de origen lícito.
Esas contraprestaciones o retornos, según las sospechas del juez, se efectuaron mediante el alquiler a los empresarios procesados de inmuebles propiedad de la firma Los Sauces, de la que son dueños la expresidenta y sus hijos.
El cerco judicial se estrechó en torno de Fernández desde que dejó el poder. La exmandataria sostiene que jueces que responden a su sucesor, el conservador Mauricio Macri, la tienen como blanco de todo tipo de denuncias.
(Associated Press)
