La organización Artículo 19 condenó este miércoles la escalada de intimidaciones contra los periodistas independientes en Cuba.
“Desde hace más de tres años, Artículo 19 ha registrado la sistemática violación a los derechos humanos de las y los periodistas independientes en Cuba. Hemos sido testigos del impacto que ha generado el constante hostigamiento, a mediano y largo plazo, no solo contra las y los periodistas sino también contra su familia, sus colegas y amigos”, indicó en conversación con Radio Televisión Martí, Claudia Ordóñez, representante para América Latina y el Caribe de la organización con sede en Londres.
“Esta etapa de agudización que estamos viendo, está caracterizada por la renuncia obligada de periodistas a continuar con su labor informativa, acompañada, en muchos casos del exilio forzado”, subrayó.
A principios de la semana se supo de la llegada a Estados Unidos de la comunicadora Mary Karla Ares, quien fue encarcelada por participar en una manifestación antigubernamental en la calle Obispo de La Habana el 30
abril de 2021.
Cuatro periodistas del medio independiente El Toque son las más recientes víctimas del despliegue de amenazas y medidas represivas de la Seguridad del Estado contra la prensa alternativa.
Se trata de José Leandro Garbey, Meilín Puertas Borrero, Mauro Roberto Díaz Vázquez y Claudia Bravet Ramírez, a los que se les prohibió la salida del país, una de las herramientas más usadas por el órgano represor para castigar el disenso.
Según El Toque, los miembros de su equipo trataron de viajar a un evento en Argentina y en el Aeropuerto Internacional de La Habana las autoridades migratorias les informaron que están regulados.
“Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de El Toque y a no trabajar en otro medio alternativo, y guardar, casi, por ende, mi título bajo un colchón”, escribió en Facebook Meilín Puertas, sin mencionar quien o quienes le impusieron tomar tal decisión.
“Frente a esa fuerza mayor que está ahora mismo poniendo en jaque mi derecho a salir del país y mi bienestar, he preferido anteponer mi libertad y mis sueños personales y familiares”, aclaró.
José Leandro Garbey también hizo pública su renuncia en la red social: “No se me permitirá salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la Seguridad del Estado, entre ellas el compromiso a no colaborar más con esta plataforma u otra no vinculada a la oficialidad”.
Por su parte, Mauro Roberto Díaz Vázquez en su descargo en Facebook lamenta: “me voy porque, egoísta y cobardemente, priorizo mi salud mental y el bienestar de mi familia. Me voy para tener el derecho a la libre circulación”.
Aleiny Sánchez Martínez, igualmente en Facebook, informó su renuncia a El Toque hace una semana: “No será necesario explicar mucho en esta publicación porque, de antemano, esto es como un papel pautado, y este trámite un requisito más de una lista obsesiva”.
En un editorial El Toque afirmó que a nueve de sus reporteros se les requirió decir públicamente que renunciaban a su profesión. Para el medio independiente, esta petición “sin nombrar a la Seguridad del Estado” no fue “la única condición”, y denunció que se les decomisaron “medios básicos de trabajo”.
Entretanto, Ismario Rodríguez Pérez, del medio Periodismo de Barrio, fue citado el martes a un interrogatorio por la Seguridad del Estado.
"Llegué a las 4:00 PM a casa después de que intentaran chantajearme con renunciar a Periodismo de Barrio o dormir en la estación de Zapata y C por 24 horas", escribió el fotógrafo y realizador audiovisual que aseguró a nuestra redacción que no piensa dejar el periodismo, aunque se negó a hacer declaraciones.
Rodríguez explicó que le informaron que el nuevo procedimiento para todos los periodistas independientes es:
- Renunciar públicamente al trabajo
- Filmar video de Mea Culpa
- Enviar una carta de no vinculación a 'organizaciones contrarrevolucionarias' o atenerse a las consecuencias
El joven periodista dijo que también lo amenazaron con el Código Penal, así como con “las coacciones y tretas de toda la vida y que han usado para desactivar al resto de la prensa independiente”.
El nuevo Código Penal cubano, que entrará en vigor en septiembre, criminaliza el trabajo de los periodistas independientes y prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras.
También el anteproyecto de Ley de Comunicación Social presentado en julio reafirma que los medios nacionales (es decir los oficiales) "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
Díaz antes habían renunciado públicamente por presiones de la policía política, Cynthia de la Cantera de Yucabyte y Nelson Julio Álvarez Mairata de Cubanet.
“Como ellos y ellas mismas lo han denunciado en sus redes, han sido amenazados de ser sujetos a un proceso penal bajo acusaciones que acumularían varios, si no es que muchos años, y de seguir siendo hostigados sus familiares”, señaló la funcionaria de Artículo 19.
“Reiteramos que, en gran medida, la estrategia del gobierno cubano está basada en un Código Penal que aún no entra en vigor pero que contiene severas violaciones a los derechos, a la libertad de expresión, asociación, información, libre tránsito, a defender los derechos humanos entre otros, y que se ha convertido una de las armas de amenaza legal más recurrente”, recalcó.
“Informar no es un delito y el Gobierno de Cuba le está dando un tratamiento de esa naturaleza. Con la renuncia de las y los periodistas, enfrentamos el riesgo de que la versión oficial sea la que prevalezca, generando escenarios de desinformación y manipulación y que la sociedad cubana no está informada de lo que ocurre realmente en su país, quedando el periodismo ciudadano como única alternativa de difusión de información fuera del control gubernamental”, concluyó Ordoñez.
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