Después de meses de discusiones, las FARC y el gobierno anunciaron este jueves un acercamiento en sus posiciones sobre un cese definitivo al fuego en Colombia y el desarme de esa guerrilla, puntos que han impedido el cierre exitoso del proceso de paz desarrollado en Cuba.
Al término de una nueva ronda de conversaciones en La Habana, las dos delegaciones han "logrado aproximar las visiones sobre los términos del cese el fuego y hostilidades bilateral y definitivo, proceso de dejación de armas y garantías de seguridad", según un comunicado conjunto.
Sin embargo, las partes todavía no consiguen cerrar ese espinoso asunto y retomarán la negociación dentro de ocho días.
Entretanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) renovaron su compromiso de deponer los fusiles después de medio siglo de feroz enfrentamiento, y convertirse en un partido político, pero insistieron en su preocupación por la amenaza de los grupos paramilitares.
"Nuestro compromiso es hacer política sin armas", señaló Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC, en un comunicado que leyó a la prensa.
Comprometidas desde hace casi tres años y medio en un proceso de paz con el gobierno, las FARC declararon a mediados de 2015 una tregua unilateral que ha sido secundada por el gobierno con una suspensión de los bombardeos.
El gobierno de Juan Manuel Santos y los rebeldes ya alcanzaron acuerdos en cuatro de los seis puntos que pactaron para acabar con el único conflicto armado del continente, que deja millones de víctimas entre muertos y desplazados.
Actualmente, están en vías de concretar el cese bilateral y definitivo del fuego, incluido el desarme de las FARC - que según cálculos oficiales cuentan con unos 7.000 combatientes - y el mecanismo de refrendación de los convenios.
Aun cuando mantienen serias diferencias en los dos puntos, el principal obstáculo está en la dejación de armas.
La organización comunista ya aceptó una verificación internacional del desarme por la ONU y está discutiendo con el gobierno las zonas donde se concentrarían las tropas rebeldes durante ese proceso, así como las garantías de seguridad ante el riesgo paramilitar.
El Ejecutivo de Santos asegura que los paramilitares a los que se refiere la guerrilla son en realidad bandas criminales dedicadas al narcotráfico que surgieron tras una masiva desmovilización de los escuadrones de ultraderecha durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Sin embargo, no le reconoce abiertamente el carácter contrainsurgente a los nuevos grupos y mantiene una fuerte ofensiva contra ellos.
"Hay un ministro que no se cansa de repetir que el paramilitarismo es un fantasma, que no existe", cuestionó Márquez, evocando el asesinato de doce defensores de derechos humanos en Colombia en lo corrido del año, de acuerdo a datos de las autoridades.
El líder rebelde aludió al responsable de Defensa del gobierno, Luis Carlos Villegas, quien acusó a las FARC de pretextar la existencia de paramilitares para dilatar la firma del acuerdo de paz.
"Queremos garantizarle al pueblo colombiano que queremos dejar las armas, pero no nuestras vidas", enfatizó Márquez.
Las FARC y las autoridades se habían comprometido a rubricar un acuerdo final el pasado 23 de marzo, pero debieron prorrogar las negociaciones debido a desavenencias en los puntos finales del proceso.
Si bien no se ha fijado una nueva fecha para la firma de la paz, la guerrilla ha mencionado en varias ocasiones su intención de concluir la guerra a finales de este año.
