Con las ausencias de Cuba, en una sesión en la que se denunció que el Gobierno comunista discrimina a los afrodescendientes, y de Nicaragua, que no acudió a rendir cuentas sobre las denuncias de violación sistemática de la libertad de expresión y prensa en el país, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) cerró este martes sus primeras audiencias públicas del año.
Pero, no sólo Cuba y Nicaragua sino que EE. UU estuvo también ausente por primera vez debido al choque con México.
El Gobierno de Donald Trump dio la sorpresa de estas sesiones el martes al no presentarse a las tres audiencias a las que había sido convocado, una ausencia insólita según los registros que existen. La justificación que dio el Departamento de Estado fue que no sería "apropiado" hablar de las órdenes ejecutivas del presidente sobre migración mientras son objeto de un litigio en los tribunales.
Lo que en verdad parece preocupar al respecto es que esta ausencia se enmarque en una nueva política de derechos humanos, después de que el 14 de marzo el secretario de Estado, Rex Tillerson, amenazara con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que pertenece desde 2009, si no implementa "considerables reformas" al considerarse un chiste que contumaces violadores de derechos humanos como China, Rusia, Arabia Saudí, Vietnam, Rusia y Cuba conformen el organismo.
La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), abordó en su 161 periodo de sesiones temas regionales y casos de 16 países, entre ellos Venezuela, Brasil, México, EEUU, Argentina, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Perú y Panamá.
La Comisión valoró, en contraposición, la asistencia de Venezuela a las tres audiencias sobre el país, aunque la delegación del Gobierno negara las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y no se llegara a ningún compromiso.
El Estado venezolano pidió una sesión para informar sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad del país, mientras que la sociedad civil solicitó otras dos sobre persecución política y acceso a la justicia. Organizaciones de la sociedad civil de Venezuela denunciaron hoy ante la CIDH un aumento de la persecución política en el país desde las protestas contra el Gobierno de febrero de 2014.
Desde entonces, según datos de Foro Penal Venezolano, ha habido 6.893 arrestos por motivos políticos, incluidas personas detenidas y luego liberadas y "muchas torturadas". La entidad ha contabilizado 433 presos políticos en estos tres años y estima que 115 de ellos siguen en las cárceles de Venezuela.
(Con información de Reuters y OEA)
