Allanamientos, pinchazos telefónicos, delaciones premiadas y condenas por corrupción están limpiando los establos del poder en Brasil, aunque muchos temen que los tribunales acaben por convertirse en amos y señores de una democracia desfigurada.
El avance desde hace tres años de la Operación Lava Jato, sobre los sobornos en Petrobras, tiene contra las cuerdas al presidente conservador Michel Temer y amenaza con llevar a la cárcel al exmandatario de izquierda Lula da Silva (2003-2010).
Los principales ministros de Temer y decenas de legisladores son investigados. Y al juez de primera instancia Sergio Moro no le tiembla el pulso para dictar duras condenas contra personas que en su momento tuvieron en sus manos el destino del país.
Para Daniel Vargas, profesor de derecho público de la universidad Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro, los jóvenes juristas que desde Curitiba (sur) desmontan las redes criminales enquistadas en el Estado "tienen un protagonismo político innegable" y "consiguen pautar la agenda política más que nadie".
Comparten además "una visión de país, con un enemigo: la política, que en su visión está infestada por la corrupción", dijo Vargas a la AFP.
El equipo de fiscales de Deltan Dallagnol no se limita a comentar procesos penales, "sino que hace discursos sobre cómo debería ser Brasil", agregó.
Para Dallagnol, el impacto político de Lava Jato se debe a que "la investigación reveló que la corrupción no se restringe a tal o cual partido político, sino que está diseminada en el propio sistema".
"Evidentemente (...) otros actores, inclusive políticos, pueden usar las informaciones y las pruebas obtenidas en una investigación judicial sobre figuras políticas relevantes, pero eso escapa al terreno de actuación de los agentes de Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial", dijo Dallagnol en un mail enviado a la AFP.
El politólogo André Singer, asesor de comunicación internacional de Lula en su primer mandato, se refiere a los magistrados de Curitiba como el "Partido de la Justicia".
"No veo (que haya) un 'partido de la justicia'", afirma Dallagnol, para quien la participación de fiscales en ciertas campañas ciudadanas debe ser interpretada como política "en el sentido amplio (...), de tratar de influir en las políticas públicas anticorrupción, pero no en el sentido de 'política partidaria'".
Moro, un ícono para una gran parte de la población, niega cualquier ambición política; pero aun así sería uno de los dos únicos brasileños capaces de derrotar a Lula en una segunda vuelta electoral, según un sondeo Datafolha publicado el 30 de abril.
Silvana Batini, fiscal de la República en Rio, cree que los procuradores, Moro y el Supremo Tribunal Federal (STF, a cargo de las causas de políticos con fueros) han hecho sencillamente lo que se esperaba de la Justicia desde hacía mucho tiempo.
Brasil tenía "una tradición de impunidad con los criminales de cuello blanco"; pero desde Lava Jato, "por primera vez en la historia, hemos roto con la barrera que blindaba a toda una clase", dijo Batini a la AFP.
Dos de las principales armas de la ofensiva judicial -y las más criticadas- son las prisiones preventivas y las delaciones premiadas, que permitieron acorralar tanto a Lula como a Temer.
Temer fue grabado subrepticiamente por un empresario, que le contaba, aparentemente sin alterarlo, los sobornos que pagaba para mantenerse al abrigo de Lava Jato.
El año pasado, un grupo de más de cien abogados publicó un manifiesto que compara Lava Jato a una "inquisición, o neoinquisición" y sostiene que esa investigación ya ocupa un lugar de destaque en la historia de Brasil "en el plano del irrespeto de los derechos y las garantías fundamentales de los acusados".
Batini afirma en cambio que los procedimientos usados se enmarcan dentro de la Constitución, aunque tengan "ciertos aspectos difíciles de aceptar", y que el STF actúa como "garante" de que no se aparte de esa vía.
Los brasileños se preguntan quiénes sobrevivirán y quiénes se beneficiarán políticamente del maremoto Lava Jato ('lavadero de autos', en portugués).
Figuras con discursos anti-establishement ganan popularidad, como el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro o el empresario Joao Doria, que en octubre pasado conquistó la alcaldía de Sao Paulo con un discurso de buen gestor.
"Todos tenemos cierta aprensión sobre lo que pueda ocurrir", admite Batini. "Pero Brasil ya tiene instituciones muy fuertes y hoy no existen aventuras que busquen soluciones fuera de la Constitución, fuera de la institucionalidad", se tranquiliza.
(AFP)
