El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves un cambio en las normas de patrocinio de familiares para radicación en EE.UU.
Las personas reclamadas por familiares a veces solicitan y reciben beneficios públicos de agencias federales, estatales y locales pero pueden no resultar elegibles para ciertos beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos, porque la agencia otorgante considerará los ingresos y recursos de su patrocinador (la persona que lo reclamó) al determinar la elegibilidad del inmigrante para recibir los beneficios.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) determina que si un extranjero patrocinado recibe un beneficio público basado en comprobación de recursos económicos, el patrocinador será responsable de reembolsar a la agencia que proporciona el beneficio.
Además las agencias que otorgan beneficios puede solicitar una orden judicial para el reembolso si un patrocinador no emite el reembolso.
Para implementar estas medidas USCIS presentó esta semana el Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios (SAVE) como una herramienta que "permitirá a las agencias que administran beneficios federales basados en recursos económicos verificados garantizar un cumplimiento más efectivo de las leyes, regulaciones y políticas federales relacionadas con el apoyo financiero de extranjeros por parte de sus patrocinadores y el reembolso a las agencias".
“La administración Trump ha dejado claro que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y que los patrocinadores de extranjeros deben ser legalmente responsables de los compromisos financieros que aceptan voluntariamente”, dijo el subdirector de políticas de USCIS, Joseph Edlow.
"Esta función mejorada apoyará a las agencias participantes que otorgan beneficios públicos a medida que administran sus programas y determinan la elegibilidad de un extranjero para recibir asistencia pública al garantizar la coherencia con la ley actual, los requisitos de patrocinio establecidos y la responsabilidad adecuada", indicó el funcionario.
La nueva iniciativa SAVE se deriva del Memorándum Presidencial de mayo de 2019 sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros.
Hace poco más de un año, USCIS anunció que haber recibido Medicaid, ayuda para comprar alimentos –food stamps--, subsidio para la vivienda o cualquier otro tipo de asistencia pública podría impedir que un inmigrante reciba la green card que otorga la residencia permanente en EEUU.
Desde agosto de 2019, cuando se hizo este anuncio, se determinó que un inmigrante legal será considerado carga pública si recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un plazo de tres años.
“Siempre, una persona que va a solicitar residencia a través de matrimonio con un ciudadano americano, a través de una petición familiar o a través de un trabajo tiene que demostrar que no va a ser carga pública. Así que si hay una persona que va a legalizarse y se casó con un ciudadano americano y ha sido carga pública, [eso] puede ser una razón para negarle la residencia, y siempre ha sido así”, dijo entonces a Radio Televisión Martí el abogado cubanoamericano Willy Allen, especializado en asuntos migratorios.
