La elección presidencial de Venezuela no se adecuó a normas internacionales de integridad electoral y “no puede ser considerada como democrática”, declaró en un comunicado de prensa la misión del Centro Carter que observó el proceso a invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Centro Carter “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados”, afirmó el martes en la noche la organización no gubernamental fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter.
La ONG, que ha observado 124 elecciones en 43 países, explicó que el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral “constituye una grave violación de los principios electorales”.
El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral “en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
Se desarrolló en un ambiente “de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”.
A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE “mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.
En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas, precisó el Centro Carter.
El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos “enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero”. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior, señaló.
El registro de partidos y candidatos “tampoco se adecuó a estándares internacionales”.
En años recientes, indicó la ONG, partidos de la oposición “han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas”.
De manera aún más importante, “la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.
Además, la misión del Centro Carter, que desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia, destacó que la campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno “en todos los campos”.
Por ejemplo, la candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, “lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor”, y se observó “el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales”.
Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa.
“Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”, denunció el Centro Carter.
La organización describió de forma positiva el comportamiento de los votantes. “La ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado (puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades”.
“En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores”, agregó.
Sin embargo, estos esfuerzos “fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”, concluyó el Centro Carter, el cual tiene previsto publicar un informe final de su misión en Venezuela, “detallando todos los hallazgos”.
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