Los representantes republicanos por la Florida Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando información adicional sobre las "Nuevas Medidas de Control Fronterizo" de la Administración y sus consecuencias para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos, así como para la seguridad nacional del país.
Los legisladores dijeron estar preocupados por “los abruptos y aparentemente arbitrarios cambios de la administración Biden a la política de inmigración y sus ramificaciones”, y que por ello solicitan información sobre los efectos anticipados de estos cambios, la forma de su implementación y la justificación de política pública para los mismos.
Las nuevas medidas de control fronterizo, anunciadas el 5 de enero, establecen que hasta 30,000 personas por mes, de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que tengan un patrocinador elegible y pasen la investigación y verificación de antecedentes, pueden venir a Estados Unidos por un período de dos años y recibir autorización de trabajo.
Al respecto, los congresistas cubanoamericanos plantean en la misiva a Mayorkas las siguientes preguntas:
- ¿Por qué la administración impuso el límite arbitrario de 30.000? ¿Cómo se determinó ese número?
- ¿Cómo se implementará este límite?
- ¿Se dividirán los 30.000 en partes iguales entre los nacionales de los cuatro países?
- Si 30.000 no se dividen por igual, ¿cómo se repartirá esa cifra entre las cuatro nacionalidades?
- ¿Por qué solo los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos están sujetos a un límite?
- Una vez logrado el límite mensual, ¿cómo se atenderá al resto de los que llegan de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela? ¿Esto les motivará a permanecer en la frontera hasta el próximo mes?
- ¿Se considerará parte de este límite el número de ciudadanos cubanos y haitianos interceptados en el mar?
- ¿Habrá nuevas implicaciones políticas para los ciudadanos cubanos y haitianos interceptados en el mar después de este anuncio?
En la carta, los legisladores también plantean preguntas sobre el hecho de que la nueva política establece que aquellos que pasan la verificación de antecedentes pueden ingresar a Estados Unidos por dos años con autorización de trabajo.
- ¿Cuánto tiempo tomará la investigación y verificación de antecedentes?
- ¿Serán detenidos estos posibles participantes mientras esperan el proceso de investigación y verificación de antecedentes?
- ¿Cómo investigará la administración adecuadamente a estas personas, cuando muchos no tendrán documentos precisos o cuya documentación puede haber sido destruida?
- ¿Cómo abordará la administración el actual atraso con respecto a las autorizaciones de trabajo para aquellos que ya están en proceso?
- ¿Estas nuevas oportunidades para autorizaciones de trabajo tendrán prioridad sobre las que ya están en proceso?
- ¿Este medida está disponible para personas que recibieron beneficios de protección en otros países?
La nueva política fronteriza también establece que, “las personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos, después de la fecha de este anuncio, no serán elegibles para el proceso de libertad condicional y estarán sujetos a expulsión a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas por mes de estos cuatro países que no utilizan estas nuevas vías”.
Sobre este último punto, los legisladores preguntan lo siguiente:
- ¿Cómo determina la administración si alguien entró “irregularmente” bajo este pronunciamiento?
- ¿Cuál es el acuerdo de la administración con México sobre cómo se procesará en ese país a las personas sujetas a expulsión?
- ¿Qué pasará con aquellas personas sujetas a expulsión una vez que se alcance el límite de 30.000 expulsiones mensuales a México?
- ¿México se ha negado a acoger a más de 30.000 personas expulsadas?
- Aquellos que cruzaron “irregularmente”, una vez que se alcance el límite de expulsión de 30.000, ¿serán detenidos en Estados Unidos o expulsados a un tercer país?
Este miércoles, la administración Biden informó que los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parole humanitario que permite la entrada a suelo norteamericano: "Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas", señaló en Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
En otro mensaje, la sede diplomática reiteró las palabras del presidente estadounidense cuando anunció la medida, el pasado viernes: "No vengan a la frontera. Quédense donde están" y completen el proceso de solicitud en línea.
También llamó a los migrantes a proteger su pasaporte y estar alertos a posibles estafas relacionadas con la implementación de esta medida.
Estos cambios en la política de inmigración de Estados Unidos, concluyeron los congresistas en su carta, "plantean varias preocupaciones y preguntas sin respuesta" sobre las consecuencias que traerán para quienes buscan ingresar al país desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como para la seguridad nacional de Estados Unidos.
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